Mediante una declaración conjunta, los pueblos indígenas de Perú exigen al Gobierno atender sus demandas pendientes en materia de salud, educación, titulación territorial, industrias extractivas, agenda forestal, entre otros.
La declaración fue elaborada en el marco del Consejo de Coordinación Ampliado (CCA) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y es firmada por sus ocho regionales.
Allí también llaman a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos aislados y actuar ante los asesinatos de líderes indígenas y el atropello de derechos humanos por las empresas petroleras.
Agenda pendiente
La declaración de Aidesep y sus organizaciones regionales que dan cobertura a 11 regiones de la Amazonía peruana, presenta una serie de exigencia resumidas en siete puntos.
En el primer punto, relacionado a la situación sanitaria, demandan un nuevo sistema de salud que respete los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.
Piden que “se capacite y se aplique de manera efectiva la salud intercultural” en el tratamiento de la pandemia, y se desarrolle un plan de vacunación que los tenga en cuenta.
En cuanto a la educación, exigen la elaboración de un verdadero plan de conectividad a Internet, ya que el que se venía desarrollando fue dejado de lado por el Ministerio de Educación.
Por otro lado, recuerdan que vienen exigiendo la titulación de 20 millones de hectáreas en títulos comunales “que el gobierno no ha tomado en cuenta”.
“Nuestro territorio es ancestral e integral, es decir, no podemos concebir a nuestros pueblos sin sus territorios, por lo tanto, este derecho fundamental debe ser reconocido y respetado” por el Estado”, indican.
Defensa del bosque y seguridad
En línea con su demanda por el reconocimiento territorial, las organizaciones piden apoyo para impulsar una agenda forestal comunitaria que fortalezca la economía de las comunidades.
Esta agenda estaría “basada en la igualdad de condiciones y apertura de mercados para el aprovechamiento forestal sostenible”, señalan.
También piden que el Gobierno actúe ante el aumento de la violencia contra los líderes indígenas, producto del avance del narcotráfico y la tala ilegal de madera en las comunidades.
Y que se garantice la protección de derechos de los territorios de pueblos en aislamiento (PIACI), como sus reservas indígenas y sus corredores.
Finalmente, demandan la reorientación del presupuesto de cooperación COICA-KOREA, para los pueblos a los que originalmente fue dirigido el proyecto, y se permita la participación de la regional CORPI-SL
Fuente: Servindi