CUSCO. Desde hace 11 días siete comunidades quechuas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, tienen bloqueado el corredor minero del sur por donde se transportan los camiones de la minera Las Bambas. Los manifestantes reclaman al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la compañía minera de capitales chinos MMG el pago de compensaciones e indemnizaciones justas por el uso de sus tierras comunales.
Según los dirigentes, el Gobierno central recategorizó tramos de corredor minero que formaban parte de sus territorios y los incorporó al sistema nacional de vías sin su consentimiento. Ahora, como sucedió anteriormente con el fundo Yavi Yavi, cuando la comunidad de Fuerabamba protestó también contra una similar recategorización de la vía, las comunidades solicitan “pagos justos” por el uso de estos terrenos. Otra de las demandas es que las comunidades sean contratadas como proveedoras.
El bloqueo de la vía categorizada como nacional empezó el 23 de julio en la comunidad de Huininquiri. Al día siguiente, un grupo de policías llegó a la zona para liberar la carretera y se produjo un enfrentamiento. Los agentes dispararon bombas lacrimógenas y perdigones que hirieron a siete mujeres y diez varones, según el presidente de la comunidad de Huininquiri, Sixto Huamaní.
El dirigente informó a OjoPúblico que los comuneros preparaban sus alimentos en una olla común cuando, de pronto, siete buses llegaron por los dos lados de la carretera. De los vehículos bajaron los agentes policiales y empezaron a reprimirlos. “La Policía empezó a disparar perdigones y bombas lacrimógenas. Golpearon a mujeres y ancianos sin consideración”, narró Sixto Huamaní. Un vídeo grabado aquel día por uno de los manifestantes muestra a una campesina en el piso, rodeada por unos agentes, mientras sus compañeras tratan de ayudarla.
Consultado por la denuncia de esta agresión, el jefe de la Séptima Macro Región Policial Cusco, general Javier Ríos Tiravanti, negó que haya habido represión. “La Policía no reprime, la Policía hace uso de la fuerza. Nosotros acatamos el Decreto Legislativo 1186, tenemos un reglamento, un manual de derechos humanos y somos la fuerza pública del Estado. No reprimimos, hacemos uso de la fuerza. Acuérdese que bloquear una vía es un delito, se lesionan bienes jurídicos, para eso existe la Policía Nacional, para hacer prevalecer el estado de derecho”, dijo el jefe policial.
Luego de la intervención policial de aquel día, los dirigentes decidieron extender la protesta a otros tres distritos de la provincia de Chumbivilcas. Desde el 30 de julio, el cierre del paso de los vehículos de la minera Las Bambas se realiza también en las comunidades Cruzpampa y Huascabamba, en Ccapacmarca. Sin embargo, la vía está libre para los vehículos particulares y de transporte interprovincial.
Las comunidades campesinas de Chumbivilcas que acatan el paro desde el 23 de julio son Huascabamba, Cruzpampa y Cancahuani (Ccapacmarca), Yanque Lacca Lacca Parccobamba, Ahuichanta Huisuray e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya (Colquemarca), y Huininquiri (Santo Tomás).
La protesta en Chumbivilcas no es reciente. Comenzó a mediados del 2019, cuando las comunidades del distrito de Ccapacmarca bloquearon el corredor minero durante más de tres meses, entre noviembre de ese año y febrero del 2020. En aquella oportunidad denunciaron contaminación de las fuentes de agua, campos de cultivos y pastoreo, y la afectación en la salud de las personas por el polvo y el ruido que ocasiona el paso de los camiones encapsulados de la minera Las Bambas.
En la actualidad a esos reclamos se suma otro. Las comunidades denuncian que varios tramos del corredor vial cruzan terrenos comunales y fueron recategorizados por el MTC mediante la Resolución Ministerial 372-2018-MTC, sin consultarles ni haber obtenido su consentimiento.
Sobre este punto, el asesor legal de las comunidades campesinas de Chumbivilcas, Víctor Villa Zambrano, sostiene que “dicha resolución es nula, porque el MTC hizo la recategorización sin haber saneado los terrenos que son de propiedad comunal”. El asesor, indicó a OjoPúblico que las comunidades “son dueñas de los terrenos que ocupa el corredor minero y ni el Estado ni la mina los han saneado, y prácticamente han usurpado e invadido los terrenos comunales. Nadie les compró sus terrenos, siguen siendo propiedad privada”, señaló.
Así también lo considera el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero. El dirigente dijo que “la medida vulnera los derechos a la consulta previa y a la propiedad”.
Por su parte, el MTC señaló, en un comunicado, que la reclasificación de la vía comunal a vía nacional se hizo a pedido de los Gobiernos regionales de Apurímac y Cusco. Precisó que las rutas de paso de los vehículos de transporte minero no se vinculan ni se encuentran condicionadas a los procesos de reclasificación de vías vecinales o regionales a rutas nacionales.
“La ruta de transporte del concentrado de mineral es declarada en el Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto minero correspondiente. Dicho aspecto no se encuentra dentro de las competencias sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, se lee en el documento.
¿Por qué no se levanta el paro?
El pasado 29 de julio hubo una reunión en el sector de Yavi Yavi (Colquemarca), a más de 4.000 metros de altitud, entre los comuneros y los representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac. En dicha cita, se discutieron algunas de las demandas de los protestantes, como la de convertirse en proveedoras de la compañía minera Las Bambas.
El asesor legal de las comunidades, Víctor Villa Zambrano, planteó que cada comunidad ofrezca bienes como maquinaria pesada, cisternas y brinde los servicios de hoteles y restaurantes para que “entren en la cadena de valor de la actividad minera”.
En respuesta, la gerente de Relaciones Comunitarias de Las Bambas, Mariela Núñez Hernández, pidió que las comunidades entreguen su propuesta por escrito. Además, solicitó que, como gesto de buena fe, se levante el paro y se permita el paso de los vehículos de la minera. Pero eso no ocurrió. Los dirigentes dijeron que no habrá tregua mientras no se firmen, por lo menos, los precontratos entre las siete comunidades y la compañía minera.
Contaminación y comunidades
El informe de fiscalización ambiental del Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA), publicado en setiembre de 2019, concluyó que el paso de los vehículos ocasiona -en diferentes grados- contaminación sonora, afecta el aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca.
De 26 puntos de monitoreo instalados en Chumbivilcas para medir el ruido, en 22 se excedieron los estándares de calidad ambiental para este factor (ECA). La evaluación también concluyó que se superan los ECA de aire en dos puntos y los de polvo sedimentado en cuatro. El OEFA atribuyó estos indicadores al paso de los vehículos que transportan concentrado de mineral por el corredor.
A partir de esos hallazgos, la autoridad ambiental recomendó restringir el tránsito de los camiones por los distritos de Velille y Ccapacmarca entre las seis de la tarde y las cinco de la mañana. También sugirió implementar mecanismos de mitigación del polvo con supresores y humedecimiento de la vía previo al paso de los camiones.
Sin embargo, el presidente de la comunidad de Cruzpampa, José Carlos Cayllahua Pelaes, dijo a OjoPúblico que hasta ahora no han implementado dichas recomendaciones. “En este lugar se producía fruta y maíz. Pero ahora, debido al polvo que levantan los camiones de la mina, ha bajado la producción. Nos ha perjudicado”, señaló.
El OEFA también ordenó a MMG Las Bambas modificar y actualizar el estudio de impacto ambiental (EIA) para incorporar en dicho documento las recomendaciones y “aquellos aspectos derivados de los impactos identificados”.
La transición al nuevo gobierno
Desde que este conflicto empezó en el 2019 han habido pocos avances en la solución de las demandas de las comunidades. Por ejemplo, en diciembre del 2019, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia 027-2019 que aprobó medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales en el corredor vial. Desde esa fecha se empezó a identificar a los dueños y posesionarios de los terrenos incorporados al corredor vial para pagarles el justiprecio.
En la actualidad, el MTC ha entregado 1.847 cheques de compensación económica y 223 cheques de tasación, por un total de S/ 56’241.765 a comuneros de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Pero en la región Cusco —según el asesor legal Víctor Villa— aún no se ha realizado ningún pago. “El MTC se ha acercado a las comunidades para comprarles su terreno y ha ofrecido S/ 24 por metro cuadrado. Y, si se ubica en una zona urbana, les paga S/ 124”, dijo Villa.
El último 31 de julio, en una entrevista con Radio Santo Tomás, de Chumbivilcas, el recientemente nombrado y cuestionado presidente del Consejo de Ministros y elegido congresista por Cusco, Guido Bellido Ugarte, aseguró que hoy viajará a la zona de conflicto para atender las demandas de las siete comunidades. “Yo no voy a enviar comisiones de alto nivel. Iré personalmente para sentarme con todas las autoridades y dirigentes y tomar cartas en el asunto. Entre el lunes o martes estaré allí, porque hay puntos importantes que se han venido tocando”, señaló.
Al cierre de edición de este artículo, el gobierno informó que mañana a las 9:45 a.m. una comisión de alto nivel y congresistas del Cusco llegarán a Chumbivilcas para atender las demandas de los manifestantes. También estará presente Guido Bellido, pues así lo confirmó vía Twitter. En la segunda vuelta electoral, el 96,4% de electores de Chumbivilcas votó por Pedro Castillo.
Por: José Víctor Salcedo
Fuente: Ojo Público