Las organizaciones indígenas y civiles plantearon a los candidatos presidenciales la necesidad de implementar un acuerdo de gobernabilidad social, económica, cultural, ambiental, climática y energética. El objetivo es regular y fiscalizar de forma adecuada la inversión que proteja los recursos naturales.
“Es necesario construir una verdadera autoridad ambiental, independiente, con facultades y autónoma, que contrarreste las irregularidades que cometen las empresas. También, es necesario reconocer el derecho a tierras y territorios de pueblos indígenas”, señalan los comuneros.
Los límites máximos permisibles de emisiones deben ir acorde a los estándares internacionales. Por eso, es importante actualizar los estudios de impacto ambiental que se utilizan en el Perú, que han sido cuestionados por organismos internacionales como el Banco Mundial.
Otro de los temas que reclaman las comunidades campesinas, que motivan las marchas y huelgas en el interior del país, es la necesidad de satisfacer los servicios básicos, como agua para las tierras agrícolas, los daños a la salud y los derechos de poblaciones que son vulnerados.
Modelo extractivo
Se requiere reflexionar sobre la viabilidad económica, social, ambiental, climática y energética. Debido a los años de expansión económica, que también han ocasionado crisis social y ambiental motiva a buscar nuevos escenarios de sostenibilidad, equilibrio y respeto a los derechos de las personas.
La estrategia de crecimiento, basada en sectores extractivos, muestra sus límites y enfrenta serios cuestionamientos. Por eso, el Estado debe recuperar presencia y capacidad de regulación y control y planificar el uso sostenible del territorio nacional y sus recursos.
El desarrollo debe poseer dimensión ética, de respeto a los principios democráticos e incrementar la participación ciudadana y a la consulta previa, libre e informada. Se requiere desarrollar una institucionalidad que proteja y promueva los derechos de los pueblos indígenas afectados el modelo extractivo.