Greenpeace ha dado la bienvenida al anuncio realizado en Oslo por parte de siete países desarrollados de donar 4 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático producida por la deforestación, problema responsable de casi el 20% de los gases de efecto invernadero.
En este contexto, Greenpeace también valora positivamente el compromiso anunciado por el presidente de Indonesia de establecer una moratoria de nuevos permisos de deforestación de la selva y bosques de turbera, como un primer paso hacia el objetivo de este país de reducir el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según el portal Ecoticias, esta moratoria ha sido una condición previa para el acuerdo firmado entre los Gobiernos de Indonesia y Noruega para que éste done 1.000 millones de dólares.
Sin embargo, la deforestación va a continuar a menos que la medida no sea de aplicación inmediata y la deforestación no se haga extensible a todas las concesiones y permisos existentes, y no sólo las concesiones futuras. En este sentido, Greenpeace recuerda que más de un millón de hectáreas de bosque tropical pueden ser deforestadas ya que han quedado fuera del acuerdo entre el Gobierno indonesio y el noruego.
“Indonesia ha dado un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. El Gobierno ha autorizado la deforestación de millones de hectáreas de selvas por parte del sector de la aceite de palma y del papelero, y estas concesiones deben ser incluidas en la moratoria para que la medida tenga realmente un impacto”, ha declarado Yuyun Indradi, asesor político de Greenpeace en el Sureste Asiático.
La creación del fondo para la lucha contra la deforestación es el primer gran acuerdo para reducir las emisiones procedentes de la deforestación y degradación (REDD) desde la fallida Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009.
Greenpeace considera que el mecanismo REDD debe establecer estrictas salvaguardas para proteger la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas que viven en los bosques. El fondo debe ser utilizado para frenar la deforestación y no para financiar actividades forestales o para fomentar el avance de las plantaciones agrícolas o forestales.
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