Comunidad indígena exige que se cumpla sentencia que defiende su territorio de mineros ilegales

Juana Payaba Cachique, shipiba, tiene cincuenta y un años y ha sido dos veces presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas, una comunidad poblada por ese ejas, shipibos, ashaninkas y mestizos ubicada a 60 kilómetros de Puerto Maldonado. Ella y cuatro de sus hermanos han ejercido en algún momento de estos últimos veinte años el máximo cargo de su organización. “Los Payaba somos así, comenta, duros como el fuego. Nuestros padres nos educaron para ser dirigentes, para cuidar nuestro territorio, para vivir de las sachavacas, los venados, las gamitanas, los boquichicos que nos brinda el bosque y nuestros ríos”.

En el local donde todas las tardes se reúnen las mujeres del comité que preside para elaborar las bolsitas de castañas confitadas que han empezado a comercializar, la dirigente de la única comunidad nativa de Madre de Dios que ha podido derrotar, al menos judicialmente, a los grupos de mineros que se abaten sobre el departamento más diverso del Perú, nos fue explicando la lucha emprendida por su pueblo y las tareas que le quedan por cumplir. “Antes de la llegada de los mineros vivíamos en paz, tranquilos. El bosque era nuestra botica, nuestra tienda, nuestra ferretería”.

En efecto, Tres Islas es una de las 31 comunidades nativas de Madre de Dios que ha logrado el reconocimiento del Estado sobre las tierras que heredaron de sus mayores. Sus 32 000 hectáreas tituladas han servido de sustento a las 120 familias que componen la comunidad; de esos bosques en su mayoría primarios han extraído los recursos que les han sido necesarios para subsistir. “No éramos ricos pero vivíamos en paz”, acotó Juana. Precisamente para aminorar el tiempo de traslado de sus productos hasta Puerto Maldonado y obtener mejores precios, la comunidad decidió construir una trocha de dieciocho kilómetros que los conectará con la carretera Interoceánica del Sur.

Esa fue su perdición. Por la vía que construyeron con tanto empeño ingresaron, producto del boom del oro del año 2008, las decenas y luego centenas de mineros que desde entonces se han apropiado de gran parte de sus bosques y cursos de agua para ejercer su actividad. “Para nosotros son simplemente mineros ilegales pues no cuentan con el consentimiento de la comunidad para ingresar y trabajar en nuestras tierras”, comentó la señora Payaba a Mongabay Latam.

Extremos que matan

Madre de Dios es el tercer departamento en tamaño y el más biodiverso del país. Basta con decir que en su territorio se encuentran las áreas naturales protegidas más importantes que cuidan los peruanos:  la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Comunal Amarakaeri y una buena parte del Parque Nacional Alto Purús y de la Reserva Comunal Purús. Algo así como seis millones de hectáreas de pura diversidad biológica y cultural.

A pesar de la importancia geopolítica del departamento, en Madre de Dios se han deforestado en los últimos años más de 142 000 hectáreas de sus bosques. La cifra pareciera minúscula si se la compara con el tamaño de su vasto territorio, que solo es superado en extensión por los departamentos de Loreto y Ucayali. Madre de Dios limita con dos de las cinco naciones con las que nuestro país comparte fronteras: Brasil y Bolivia. Su superficie de 85 000  km2 es tan grande como la de Panamá y dos veces del tamaño de Suiza.

Las contradicciones del modelo de desarrollo basado en la extracción aurífera y producción forestal, según los entendidos, las actividades económicas que causaron la deforestación departamental, se pueden apreciar en las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre Pobreza y Pobreza Extrema del 2103. Según la dependencia estatal, los datos los hemos tomado del libro «Entre el cielo y el infierno, estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual» de Carmen Barrantes y Gonzalo Escalante,  Madre de Dios es el departamento con menor incidencia de pobreza en el país; drama que  solo estaría afectando al 3 % de su población.

No solo eso,  según el reporte del INEI dos de sus tres provincias han ingresado al ranking de las 20 con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú. Lo curioso es que en Tambopata, una de las provincias incluidas en la lista de IDH, el 78% de los adultos evaluados por una universidad estadounidense tienen niveles de mercurio hasta tres veces superiores a los límites máximos permitidos por la OMS. Una especie de sucursal del cielo en el infierno producido por la explotación del oro en nuestro país.

El poder de la asamblea comunal

Dos años después del inicio  la invasión minera a la comunidad de Tres Islas, las playas que forma el río Madre de Dios en el recorrido por su territorio, primero, y los bosques de las quebradas más próximas, luego, se fueron llenando de campamentos que reproducían la misma escena que se aprecia en La Pampa, una de las zonas más devastadas por la minería ilegal en la Amazonía del sur del Perú: covachas de lata y plástico azul, maquinarias de todos los diseños y tamaños, cilindros de combustible, delincuencia a granel, prostíbulos (prostibares en la terminología local), etc.

“Entraban y salían que daba miedo, con sus camionetas nomás, todo lo movían con sus carros”, narró la señora Payaba.

“Todo lo que se deriva de la minería —explica a Mongabay Latam Rodolfo Mancilla, miembro del equipo de  abogados de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Madre de Dios— está ligado a los choferes de motos lineales, motocares y autos de procedencia desconocida que se encargan del traslado de los insumos que hacen posible que exista esta actividad. Todo: la trata de menores, la venta de armas, el comercio de drogas. El que trae el mercurio, el que trae los motores, el que trae las chicas, todos dependen de ellos”. Aquel que pretenda extraer oro del bosque materditano o de las orillas de sus ríos, tiene que vérselas con estas asociaciones de transportistas que por la naturaleza misma de sus operaciones han devenido en organizaciones delictivas.

Cansados de la desatención de las autoridades encargadas de evitar la invasión de sus tierras, los comuneros de Tres Islas decidieron en los primeros días de agosto del 2010 construir una caseta de vigilancia y una tranquera para controlar el ingreso y la salida de los vehículos que abastecían a los mineros. Ardió Troya. Las dos “empresas” de transporte que operaban en la vía de acceso a Tres Islas, Los Pioneros SRL y Los Mineros SAC, denunciaron a Juana Payaba y a tres integrantes de la directiva comunal ante el Poder Judicial por impedir el libre tránsito que  la Constitución Política del Estado garantiza a todos sus ciudadanos.

En pocas horas la comunidad pasó de ser demandante a demandada. La policía, que hasta entonces se había mantenido al margen, irrumpió de acuerdo a ley en el territorio comunal con la intención de restablecer el statu quo y antes de que acabara el mes de agosto retiraron la tranquera que los comuneros habían puesto, destruyendo además la caseta de control.

Para la Dra. Raquel Yrigoyen, responsable del curso de Litigio Estratégico en Derechos Indígenas de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el poder judicial de Madre de Dios actuó negligentemente al emitir los fallos en contra de la Comunidad Nativa Tres Islas. Para la especialista,  el Poder Judicial de Madre de Dios debió tomar en cuenta el derecho que les asistía a sus legítimas autoridades —de acuerdo al artículo 149 de la Constitución del 1993 y al Convenio 169 de la OIT— de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio en concordancia con sus leyes consuetudinarias y forma de vida.

Para la Dra. Yrigoyen y el equipo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), según lo ordenado por el Tribunal Constitucional, se debía reponer la tranquera y la caseta de vigilancia retiradas por el mandato judicial. Además, para la abogada, el poder judicial debía considerar la reparación de los daños que dicha decisión trajo consigo: el ingreso masivo de mineros al territorio comunal que originó la degradación de sus bosques y el daño a la salud de un número indeterminado de pobladores.

Para ver el reportaje completo puede hacer click aquí: https://es.mongabay.com/2017/05/peru-comunidad-indigena-exige-sentencia-defiende-territorio-mineros-ilegales-se-cumpla/

Fuente: Mongabay