Ante los retos para mejorar el sistema de justicia en temas de democracia ambiental y derechos humanos, que permitan resolver los conflictos socio-ambientales en nuestro país, un grupo de destacados especialistas planteó diversas propuestas para fortalecer a las instituciones que cumplen un rol importante en el marco jurídico ambiental.
Actualmente, entre los nuevos desafíos en el Perú figuran el cumplimiento de compromisos internacionales en temas de DDHH y climáticos; la protección de personas vulnerables, entre ellos defensores ambientales; la lucha frontal contra actividades ilícitas; la consolidación de los derechos de acceso con respeto a los derechos de los proyectos de inversión y el fortalecimiento del componente ambiental en la toma de decisiones para al desarrollo de inversiones sostenibles.
Al respecto, Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sostuvo que se debe fortalecer las instituciones en todos sus niveles para asegurar el cumplimiento del marco legal para lograr un desarrollo sostenible en miras a la toma de decisiones y una ciudadanía más activa.
“Debemos fortalecer el derecho a la justicia de pueblos indígenas. Que la justicia llegue a ellos y se resuelvan los conflictos”, comentó Araujo durante el webinar “Justicia ambiental y Derechos Humanos” que se realizó como parte del evento “El Perú que necesitamos: Propuestas para una agenda de desarrollo sostenible”, organizado por los 35 años de la SPDA.
Asimismo, propuso la institucionalización de la especialización ambiental en el Poder Judicial y el Ministerio Público en todos sus niveles, a fin de fortalecer las herramientas de democracia ambiental que permitan el ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales.
Sobre este tema, Danilo Espinoza, procurador del Ministerio del Ambiente, sostuvo que “es importante la especialización constante en materia de derecho ambiental”, pues muchas veces se han visto casos en los cuales los magistrados desconocen ciertas normas que podrían optimizar los procesos en cuanto a plazos y resoluciones.
A su turno, Maruja Hermosa Castro, integrante de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, aclaró que “la especialidad penal no es la única vía para solucionar procesos en material ambiental”, debido a que hay otros mecanismos para velar por la vigencia de los bosques, por poner un ejemplo, y es importante que se conozcan”.
Ratificación del Acuerdo de Escazú
Entre otras propuestas de la SPDA también destacan la ratificación del Acuerdo de Escazú. Francisco Rivasplata, especialista del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, aseveró que el Acuerdo de Escazú es una herramienta clave para la defensa de los derechos ambientales en el país.
“Es importante que la ciudadanía entienda que el Acuerdo de Escazú es una herramienta para la defensa de sus derechos, sobre todo en territorio Amazónico”, comentó Rivasplata, que está favor de la ratificación de dicho acuerdo para consolidar la justicia ambiental en el país.
Datos
Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales han acaparado la mayoría de conflictos en el Perú en los últimos años. En el 2020, el Ministerio Público registró a nivel nacional un total de 7125 delitos contra el ambiente y los recursos naturales, cifra que significó un incremento del 56.52% respecto del 2019, en el cual se registraron solamente 4552 delitos de ese tipo, se informó a INFOREGIÓN.