Comisión Interinstitucional propondrá restringir el uso de gasolina en zonas cocaleras

La Comisión Interinstitucional para el Control de Insumos Químicos, propondrá incluir a la gasolina en la lista de precursores que son utilizados para la elaboración de cocaína, a fin de restringir su venta en las zonas donde se cultiva la hoja de coca.

El coordinador nacional de la Fiscalías Penales en Tráfico Ilícito de Drogas, Elmer Ríos Luque, indicó que dicha comisión abordará este tema en una reunión programada este miércoles, 14 de setiembre.

“Tenemos una reunión y ahí vamos a proponer el control de este tipo de combustible (gasolina de 84 octanos)”, subrayó Ríos Luque en declaraciones a la agencia Andina.

Explicó que esta comisión interinstitucional está conformada por representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, los ministerios del Interior y de la Producción, de las empresas privadas, de la Oficina Ejecutiva del Control de Drogas (Ofecod) y de Devida.

Ríos Luque señaló que la necesidad de abordar el tema de la gasolina como precursor químico nació de un informe hecho llegar a su despacho de los fiscales antidrogas en Ayacucho, dando cuenta del creciente uso que tiene este combustible en la elaboración de clorhidrato de cocaína en esa región.

“Lo que pasa es que la imaginación (de los narcotraficantes) en el tráfico ilícito de drogas es ilimitable. Cada vez se van reciclando nuevos métodos para elaborar cocaína”, lamentó el coordinador antidrogas del Ministerio Público.

Informó que en los últimos tres meses, los fiscales antidrogas han encabezado operativos en las zonas cocaleras a nivel nacional donde se decomisaron o neutralizaron 129,231 kilos y 3,775 galones de insumos químicos, procediéndose asimismo a la erradicación de 12,530 kilos de hoja de coca.

Agregó que en el mismo periodo se destruyeron 34 laboratorios, tres campamentos y 42 pozas de maceración utilizadas para la elaboración de droga ilegal.

Ríos Luque garantizó que el Ministerio Público seguirá trabajando de manera profesional en la desarticulación de las organizaciones criminales y en denunciar a las autoridades políticas, militares o policiales que estén implicados en este tipo de delitos.

“No hay que olvidar que todos somos iguales ante la ley, con la diferencia que si comprueba la participación de funcionarios públicos, el mismo código penal, los sanciona con severidad”, aseveró.