La legisladora Elsa Canchaya fue formalmente acusada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por nombramiento ilegal, asociación indebida para el cargo público, estafa y falsedad genérica, por disponer la contratación de su empleada doméstica, Jacqueline Simón como asesora de su despacho.
La subcomisión aprobó un informe elaborado por el congresista Víctor Mayorga, en el que se establece que la referida legisladora contrató a Simón Vicente como asesora II de su despacho congresal, pese a que la misma no cumplía los requisitos exigidos para el cumplimiento de ese puesto.