LIMA. Ante el abandono del Estado, representantes del pueblo indígena Kakataibo, ubicado entre las regiones de Ucayali y Huánuco, viajaron hasta Lima para exigir justicia por los asesinatos de cuatro defensores ambientales a manos del narcotráfico, en plena pandemia. También piden garantías y seguridad jurídica para sus territorios.
Los ciudadanos originarios de seis comunidades protestaron ayer en los exteriores del Ministerio Público y el Congreso para pedir su urgente intervención debido a que no hay sentencias, ni responsables por las muertes de Arbildo Meléndez, Herasmo García, Yenser Ríos y Santiago Vega. Ellos perdieron la vida tras denunciar actividades ilegales y evitar que mafias los despojen de sus bosques para plantaciones ilegales. Ahora, los dirigentes que alzan su voz también son amenazados de muerte.
“No hay justicia. No hay ningún preso, a pesar de que se ha identificado a una persona. El Poder Judicial y la Fiscalía no nos escuchan cuando pedimos garantías. Hacemos denuncias y no nos solucionan nada. Han quedado niños y niñas huérfanos; hoy sufren, pero nuestro Gobierno no nos atiende. Venimos de lejos, sin ayuda de nadie”, señala el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo de la región Ucayali, Herlin Odicio, quien también recibe amenazas.
El pueblo Kakataibo demanda, además, que se cumpla con el saneamiento físico y legal en su territorio. “El Ministerio de Agricultura y las municipalidades entregan constancias de posesión. Los funcionarios corruptos negocian los territorios indígenas; el gobierno regional abre trochas carrozables sin estudio de impacto ambiental. Hay tres congresistas de Ucayali y ninguno nos apoya”, agregan.
Tras su pedido de protección ante el narcotráfico, temen posibles represalias. ¿Qué autoridad se responsabiliza por las vidas de estos peruanos?
Claves
- Hasta setiembre último, de 10 defensores indígenas asesinados por negocios ilegales como tala o narcotráfico, cuatro eran kakataibos.
- Comunidades piden erradicar hoja de coca para no perder tierras.
Fuente: La República