Con 54 votos a favor, uno en contra y una abstención, los eurodiputados aprobaron un informe de la británica del Grupo de los Verdes, Caroline Lucas, que defiende crear un mecanismo de control independiente que vigile las prácticas de las compañías madereras, así como imponer sanciones, incluso penales, a las que incumplan las normas.
Sin embargo, el Pleno del Parlamento Europeo recién votará el informe el próximo 23 de abril y está previsto que los ministros europeos de Agricultura alcancen una posición común antes de que termine el mandato de la presidencia checa de turno de la UE, en junio.
La comisión de medio ambiente respaldó también exigir a las compañías que tomen medidas para reducir el comercio de madera que haya estado vinculada a grupos armados, rebeldes, soldados o civiles implicados en conflictos armados a fin de evitar que se utilicen estas situaciones para sacar beneficios.
Estas nuevas exigencias refuerzan la propuesta legislativa original de la Comisión Europea, CE, que ya había sido considerada insuficiente por la propia ponente del informe parlamentario y por organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF.
La eurodiputada Lucas recordó tras la votación que la tala ilegal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, ya que provoca deforestación -responsable del 20 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2)- y pérdida de biodiversidad. Aún así, entre el 20 y 40 por ciento de la producción industrial de madera proviene de fuentes ilegales.
Al tratarse de un procedimiento de consulta, el papel del Parlamento Europeo es bastante limitado ya que consiste en proponer enmiendas al texto original y esperar que la Comisión las tenga en cuenta en una propuesta modificada.