La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Perú la adopción de medidas cautelares y garantías en favor del padre Marco Arana y los directivos de la ONG Grufides, tras ser víctimas de reglaje y seguimiento por su tenaz oposición a la explotación minera de la empresa Yanacocha, en Cajamarca.
Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) detalló que el pedido de la CIDH es un reconocimiento de la difícil situación que atraviesan los defensores de derechos humanos, en especial las organizaciones que luchan por la defensa del medio ambiente en el Perú.
«La CIDH tiene claro que las personas que luchan contra la explotación minera en el Perú, están en peligro porque el Estado no les brinda protección», aseguró e indicó luego que la CIDH ha pedido al gobierno peruano el cumplimiento de una serie de medidas que monitoreará cada quince días.
Por su parte Wilfredo Ardito, del área de Derechos Económicos y Sociales de APRODEH, consideró muy oportuna esta medida cautelar de la CIDH “en momentos en que se denuncia cómo algunas empresas transnacionales mineras compran información de organismos de inteligencia del Estado para uso propio como por ejemplo Repsol-YPF y Doe Run que estarían comprando información proveniente de efectivos de la Marina en relación a organizaciones ecologistas o ambientalistas”.