Comisión de Derechos Humanos rechaza alianza Urresti – Villarán

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), institución a cargo de la defensa legal de la familia Bustíos – Patiño en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, rechazó la alianza entre Gral. EP (r) Daniel Urresti Elera, candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista, y Susana Villarán de la Puente, aspirante a la vicepresidencia por dicha agrupación política.

Como se ha informado, Urresti está procesado en el Poder Judicial por el asesinato de Bustíos, mientras que Villarán es una una exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Expresamos nuestra preocupación respecto de la nueva politización del Caso Bustíos. Esto se ha expresado, por un lado, en la ratificación de la candidatura presidencial de Urresti, y por otro, en la sorprendente incorporación de la conocida defensora de derechos humanos Susana Villarán de la Puente a la plancha presidencial del PNP”, señala el comunicado enviado a INFOREGIÓN.

Para COMISEDH, esta nueva alianza electoral “resulta inaudita” como también las justificaciones dadas por Villarán que ignora las numerosas pruebas y testimonios que incriminan a Urresti.

“No podemos dejar de mencionar que Daniel Urresti, mediante esta alianza, sigue tratando de sorprender a la opinión pública con una gran mentira: que no existen pruebas en su contra, que el caso está resuelto y él pronto será absuelto. Sobre ello, COMISEDH informa que el proceso sigue desarrollándose y actualmente continúa el juicio oral, en el cual se vienen recogiendo las declaraciones de testigos importantes, quienes precisan la responsabilidad de Urresti, como el testimonio clave de Isabel Rodríguez Chipana, testigo presencial del asesinato de Hugo Bustíos. Por ello, no existe sustento alguno para señalar, como se viene haciendo de manera tendenciosa, que en el proceso no existen pruebas contundentes”, indica la defensa de los Bustíos.

Finalmente, COMISEDH exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta sobre el desarrollo del proceso, para garantizar que los familiares de la víctima puedan acceder a la justicia.