El Comercio. La reciente caída del número uno de las FARC ratifica la efectividad de la estrategia que Colombia viene ejecutando para desarticular a esa red terrorista y sus vínculos con el narcotráfico.
Resulta meritorio que en el lapso de tres años y ocho meses, el Gobierno Colombiano haya logrado desbaratar los cuadros dirigenciales del grupo armado. Esa tarea se inició con el ex presidente Álvaro Uribe, pero ha sido inteligentemente continuada por su sucesor, Juan Manuel Santos Calderón.
Es lo que corresponde cuando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico son políticas de Estado y no acciones aisladas aplicadas sin rumbo o planificación.
El éxito de las operaciones ha dependido de varios factores: el apoyo económico recibido de Estados Unidos y los aportes del Gobierno de Colombia, acciones militares amplias por tierra y aire, actividades de inteligencia bien sincronizadas, el otorgamiento de incentivos para aquellos que decidan desertar de las FARC y una estrategia judicial para impedir la impunidad.
En definitiva, una operación bien planeada, diseñada y ejecutada, producto de una estrategia iniciada hace un año.
Difícil establecer cuál será el modus operandi de las FARC tras la desaparición de Julio Suárez Rojas o ‘Mono Jojoy’ y de Guillermo Sáenz o ‘Alfonso Cano’. En la estructura jerárquica terrorista, esas cabezas emblemáticas seguramente serán reemplazadas por otras, tal y como sucedió cuando murieron Pedro Antonio Marín o ‘Manuel Marulanda’ o Tirofijo’ y luego Luis Edgar Devia Silva o ‘Raúl Reyes’.
No obstante, lo importante es que el Gobierno ya tiene identificados a los posibles recambios, lo cual augura que tarde o temprano podrían ser encontrados.
La prensa colombiana sostiene que la caída de ‘Cano’ se produjo en el mejor momento, cuando algunos indicadores sociales se habían deteriorado y las acciones subversivas se habían incrementado. Más allá de las repercusiones políticas, lo concreto es que tuvo éxito.
La guerra contra los terroristas de las FARC no ha culminado, aunque el grupo ha sido remecido como nunca antes en los últimos 50 años. El Gobierno deberá estar atento a las represalias, a la correlación de fuerzas que instaurará la llamada guerrilla y el apoyo que reciba del narcotráfico. Pero también a atender las voces que ya proponen una negociación con aquellos subversivos que quieran abandonar su carrera de sangre y violencia.
Como ha expresado el presidente Ollanta Humala en la última reunión de la Comunidad Andina (CAN), estas acciones militares contribuyen a la pacificación del continente.
Coincidimos con él cuando sostuvo que el Perú está dispuesto a apoyar a Colombia en su lucha contra estos grupos armados. Sin embargo, ello debería cumplirse dentro de una estrategia nacional y regional contra el narcoterrorismo que también afecta a nuestro país, y que aún el Gobierno no exhibe de manera clara.