El analista en temas de narcotráfico y defensa, Rubén Vargas destacó que los cocaleros de Aucayacu y diversos sectores sociales y regiones del país están aprovechando el bajo nivel de aceptación de la gestión del presidente Alan García, 19% según una encuesta de la Universidad Católica, para realizar sus protestas y presionar al gobierno para conseguir beneficios.
En el Huallaga, desde la semana pasada los cocaleros de Aucayacu convocaron a una huelga indefinida y fracasaron en sus primeros intentos porque la población continuó realizando sus actividades con total normalidad y sólo paralizó la empresa que rehabilita la carretera a Aucayacu, pero por razones de seguridad y no por estar de acuerdo con la agenda cocalera, dijo Vargas.
«Ahora se ha convocado a un paro de 72 horas, hay algunos puntos del Huallaga bloqueados, se han producido escaramuzas con la policía, son intentos desesperados para chantajear esa debilidad del Gobierno para conseguir fines no lícitos porque esta paralización es para que se evite erradicar un cultivo que sirve de insumo principal para la fabricación de la cocaína», resaltó en diálogo con INFOREGIÓN.
En ese sentido, recordó que el 95% de la coca de Aucayacu termina en los laboratorios de procesamiento de cocaína y de pasta básica.
«Cuando bloqueamos la carretera y amenazamos con huelga estamos defendiendo esa materia prima para el narcotráfico cuyo precio oscila entre 50 y 60 dólares», advirtió.
Respecto a la reunión que sostendrán los cocaleros con representantes del Ejecutivo el próximo 21 de setiembre, Vargas estimó que el Gobierno no firmará ningún acta parecida a la de Tocache, en donde se comprometía a parar la erradicación y empadronar a los cocaleros.
«Esa experiencia fue nefasta para la lucha antidrogas y el gobierno ha aprendido de ese gravísimo error y el ministro que firmó el acta tuvo que renunciar» recordó.
Así, pidió firmeza al Gobierno. «En el tema de la lucha antidrogas y erradicación de hoja de coca no hay marcha atrás, tiene que seguir realizándose, más aún cuando se encuentran pozas de maceración en esas parcelas donde se están trabajando», remarcó.
Urgen operadores políticos
El analista refirió que la desigual distribución de las utilidades del crecimiento económico del país alimenta las protestas sociales y hace que éstas se conviertan en conflictos sociales, «empujando a que diversas regiones del país estén enfrentados y en posición beligerante frente al Gobierno».
Sin embargo, Vargas lamentó que frente a estos conflictos sociales, «el Gobierno se está mostrando muy torpey lerdo.
Precisó que no se está encarando de manera profesional los conflictos sociales, que tienen su dinámica y naturaleza política. «No se trata de mandar mil policías para desbloquear una carretera, esa fase operativa es la última etapa y las previas corresponden a un manejo más político» puntualizó.
En ese sentido, alertó que el Gobierno no tiene el equipo de operadores políticos idóneo como para enfrentar esta ola de protestas que empiezan a amenazar al país.