La población tingalesa está consternada por el grado de violencia al que recurrió un grupo de cocaleros atrincherados en una propiedad que ocupaba ilegalmente, y sobre todo por el uso de niños como escudos humanos en su esfuerzo de oponer resistencia al desalojo ordenado por el juez.
Los reproches también se dirigieron contra Irene García viuda de Perris, ocupante del inmueble ubicado en la esquina del jirón Chiclayo con la avenida Antonio Raimondi. El peligro contra los menores de edad durante la refriega era evidente, pues los sujetos atrincherados en la azotea del inmueble estaban dotados de gran cantidad de bombas molotov, botellas y llantas prendidas que lanzaron contra los efectivos policiales encargados de cumplir con la orden judicial.
La doctora Nadia Lavado Loarte, Comisionada de la Defensoría del Pueblo, lamentó los hechos violentos, y pidió respetar la cosa juzgada y no interferir en el cumplimiento de los dispositivos emanados por la justicia. También invocó al Ministerio Público a tomar la debida acción contra los responsables.
Por su parte, la Fiscal de Familia, María del Carmen Ayasta, anunció que en coordinación con la Fiscalía Penal tomará drásticas medidas, pues en el lugar se no respetaron los diversos artículos del Código del Niño, que protegen a los menores ante hechos de violencia.