El año 1999 marca un hito importante en la historia del terrorismo en lo que hoy se conoce como Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Se produjo la captura de ‘Feliciano’ gracias a la información proporcionada por los hermanos Quispe Palomino y la emboscada en Sanibeni (Pangoa-Satipo), donde fue derribado un helicóptero y asesinados cinco oficiales. Esta acción liquidó las negociaciones que sostenía Vladimiro Montesinos con el grupo terrorista.
La traición a ‘Feliciano’ significó el rompimiento definitivo con el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán y la emboscada dio el mensaje de que continuarían con la llamada “guerra popular”.
La primera tarea del reeditado grupo terrorista fue revertir el divorcio que existía con el campesino, el que, hasta hace poco, lo consideraba mesnada. Era consciente de que si no reconquistaba su apoyo corría el riesgo de ser nuevamente derrotado.
Así, los senderistas pusieron en práctica, del 2000 al 2007, una campaña política y militar denominada “Plan de consolidación y expansión de las bases de apoyo”, que consistió en acercarse a la población del Vraem para ofrecer disculpas por los asesinatos y el “terrorismo de ‘Gonzalo’”, y prometer que respetarían los intereses y las propiedades del pueblo.
Es decir, si los campesinos viven de la coca o procesan cocaína, entonces se convertirán en los defensores de este negocio. Obviamente, esta cobertura de seguridad tiene un costo que, bajo la lógica del tráfico de drogas, resulta muy conveniente para todas las partes involucradas.
De los 426.000 habitantes que tiene el Vraem, el 80% se dedica al cultivo de más de 20 mil hectáreas de narcococa, que procesadas se convierten en 170 toneladas métricas de cocaína. Actualmente, todos los cocaleros y narcotraficantes realizan sus actividades bajo la protección armada del grupo terrorista.
En este contexto, el Gobierno anunció la erradicación de la coca en el Vraem. Es como si se quisiera apagar un incendio echando gasolina y pólvora. Es el mejor de los escenarios para el grupo terrorista, que pretenderá levantar al campesino contra el Gobierno. Inevitablemente, se va a polarizar más el Vraem. Por un lado, los que defienden la coca (80% de la población) y, por el otro, los malos que van a erradicarla. En la práctica estamos empujando al campesino hacia la colina terrorista. Vamos a ahondar mucho más la enorme brecha y desconfianza que ya existe entre la población civil y las Fuerzas Armadas.
La acción contra el narcotráfico tiene que ser más inteligente y quirúrgica en el Vraem. Empecemos controlando la enorme corrupción policial y militar que la permite. ¿Cuántos narcoaeropuertos son vecinos de las bases militares en el río Ene? ¿Cuánto es la tarifa en el puesto policial de Machente y en la Policía de Carreteras por cada kilo de insumo químico? ¿Por qué la base de la Marina de Guerra de Puerto Ocopa (Satipo) no controla a las embarcaciones que ingresan atiborrados de precursores químicos? ¡Que se retome la interdicción policial sin condicionarla a la autorización previa del Ejército!
Por ello, la erradicación debería seguir por ahora en las zonas donde no hay presencia terrorista y solo cuando estén acompañadas por programas de desarrollo alternativo.
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