Desde hace 30 años, el Valle del Alto Huallaga sufre el embate de una de las transnacionales más grandes, poderosas y destructivas del orbe: el narcotráfico. Las cifras no dejan dudas. A fines de 1978, la superficie de hoja de coca en el valle era de apenas 6,457 hectáreas aproximadamente. Para 1988, esta modesta extensión se incrementa hasta llegar a 117,800 hectáreas.
Un incremento de 1,724% en tan solo diez años. 1988, es un año significativo. No solo porque en ese momento el narcotráfico alcanzó su mayor auge económico (las ganancias que dejaba la producción de pasta básica representaban más de 9% del PBI), sino porque en dicho año, como diría Vargas Llosa, “se jodió” el Huallaga.
Casi una década después, (en 1996), los cultivos de hoja de coca se reducen hasta las 29,400 hectáreas y los precios de esta planta caen por debajo de los 4 US$ la arroba. Como consecuencia, miles de cocaleros migran hacia otras zonas, abandonando sus cocales. En 1998 la extensión de los cocales llegaba a las 21,000 hectáreas (527% de caída, desde el 88), básicamente por la menor demanda del mercado colombiano debido a la desaparición del cartel de Medellín.
A pesar de ello, el narcotráfico siguió operando en la zona. La presencia de firmas y carteles son una muestra evidente de que para esta actividad la región se mantiene como un enclave estratégico para sus operaciones ilícitas. Aún hoy, el Huallaga es la mayor y más productiva cuenca cocalera del país.
Según ONUDD, en el 2008 se cultivaron en el valle algo más de 17 mil hectáreas. Es decir, este cultivo se ha hecho endémico. Y lo que es peor, la economía local es totalmente dependiente (o adicta, si se prefiere) de los ingresos provenientes de esta actividad. Sus efectos son notorios: distorsiona la calidad de vida y los precios relativos, reduce la competitividad, genera violencia, muertes, delincuencia, trata de niños, corrupción y otros problemas.
¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar esta lacra que oprime a pequeños cultivadores de hoja de coca a los que usa para camuflar la ilegalidad en la que actúa? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar los argumentos falaces que señalan que se siembra coca porque los campesinos son “pobres” y porque el Estado no los apoya?
Es urgente el rediseño de la Estrategia de Lucha contra las Drogas en el Perú para que tenga como resultados la prevención del consumo de drogas ilícitas, la racionalización de cocales (erradicación consensuada), la interdicción de insumos químicos, cortar las venas del lavado de activos y el desarrollo alternativo con enfoque de mercado, donde haya participación de los cocaleros, sociedad civil y el sector empresarial.
La problemática de la hoja de coca y el narcotráfico debe ser abordada bajo un enfoque sistémico (ético, político, económico, ambiental, social, cultural, policial y otros). Se deben acordar los recursos adecuados del Tesoro y de la Cooperación Internacional para la lucha contra las drogas.
Es necesario enfrentar el problema del pluralismo cultural y el tema de la exclusión para diseñar una política pública que haga uso de la estrategia de reducir la oferta y la demanda de drogas en un contexto de lucha ideológica y cultural contra el flagelo del tráfico de drogas ilícitas no solo en el Alto Huallaga sino también en la Región Andina.