“Es urgente avanzar en la protección y reparación integral de las poblaciones afectadas (por los derrames de crudo en el Perú). Igualmente, se hace crucial la protección y no criminalización de las personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a los proyectos extractivos, así como indagar a fondo la responsabilidad de los actores empresariales en este contexto”.
Así lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nota de prensa divulgada respecto a la visita que una delegación suya hizo al Perú para tomar nota de las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de los derrames de petróleo, el cual fue uno de los temas abordados en visita de trabajo realizada entre el 10 el 13 de octubre.
Al respecto, se instó a nuestro país “a realizar un diagnóstico integral sobre el impacto económico y social de los derrames, bajo un enfoque de derechos humanos que tenga particularmente en cuenta sus serios efectos en la salud de las personas afectadas. Ello, junto a la creación de un fondo de emergencia para atender las afectaciones de las comunidades y los pasivos ambientales, constituyen elementos cruciales para dar una respuesta efectiva a los impactos que los derrames estarían produciendo en las poblaciones afectadas”.
El caso de las comunidades amazónicas afectadas
Representantes de pueblos indígenas amazónicos afectados por derrames demandan que el Estado de “una respuesta eficaz” a esta problemática bajo una perspectiva de interculturalidad que tenga en cuenta los derechos indígenas históricamente discriminados. “Además de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades, se recibieron denuncias de actos de estigmatización y criminalización de liderazgos indígenas, personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a proyectos extractivos en el país”.
Se tomó nota que “si bien el Estado ha señalado que se encuentra haciendo esfuerzos para mitigar los daños ocasionados por los derrames, las organizaciones de la sociedad civil insistieron en que la negligencia y la omisión en el mantenimiento del oleoducto norperuano sería la principal causa de estos, pese a que gran parte de las afectaciones a oleoductos se han atribuido a hechos de terceros en los que en algunos casos se les habría señalado como responsables a integrantes de las comunidades afectadas”.
El caso del derrame de crudo en Ventanilla
Al respecto, se resaltan los “graves impactos en los derechos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, al agua potable y a los derechos laborales de las comunidades afectadas, lo que, de la mano a la ausencia de una respuesta inmediata, las ha puesto en una alta situación de vulnerabilidad”. Se tomó nota que la población afectada pide participar en el proceso de rehabilitación de las playas, además urge garantizar protección social para afrontar los daños sufridos.
“Estas afectaciones serían especialmente preocupantes al considerar el contexto marcado por la pobreza y la desigualdad de las comunidades afectadas. En esa línea, armadoras y pescadoras brindaron testimonios sobre los impactos diferenciados de los derrames de hidrocarburos en las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes. Cabe destacar que, según la información disponible, dicha situación también se ha registrado en las orillas de las costas norte del país”, señaló la CIDH.