La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió la denuncia que, por la violación de los derechos de los pobladores de La Oroya presentada contra el Estado peruano, interpusieron AIDA, Earthjustice y CEDHA, apoyada en el Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA.
Según informaron los denunciantes, “la Comisión considera las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, de ser probadas podrían caracterizar violación de los derechos consagrados en los artículos 4 [vida] y 5 [integridad personal] de la Convención Americana”.
Del mismo modo, anunciaron que la Comisión también estudiará si las acciones del Estado respecto al acceso a la información de la situación del ambiente y de la salud humana, y las presiones a las personas que pretenden difundir esta información, violan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
Asimismo, se revisará si “el retardo injustificado” para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, que ordenó acciones de protección a la salud pública en la ciudad, puede constituir también violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial.
“Esta denuncia responde a la falta de medidas del Estado peruano que, por lo menos desde hace diez años, conoce los impactos de la contaminación en las personas y el ambiente, a pesar de lo cual no ha implementado acciones efectivas”, señaló Astrid Puentes, CoDirectora de AIDA.
“Si bien ha habido algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente, como han declarado el Tribunal Constitucional Peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud y también menciona la Comisión”, explicó.
Admisión de denuncia por la CIDH se da en circunstancias especiales
Cabe precisar que la admisión de la demanda por la CIDH se produce en circunstancias especiales, puesto que el gobierno peruano y la empresa Doe Run Perú, dueña del Complejo Metalúrgico, están negociando en estos días una posible nueva ampliación al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, cuya ejecución efectiva es indispensable para mejorar la calidad ambiental en la zona y que ya ha sido ampliado excepcionalmente antes. Por ello, la Comisión estará vigilante al proceso y los resultados serán relevantes para el caso admitido.
“El PAMA vigente no contempla prórrogas y ante el incumplimiento establece la obligación de imponer multas y la ejecución de garantías financieras, que de no implementarse, demoraría aún más las acciones necesarias para controlar la contaminación y la consecuente vulneración de los derechos humanos de los pobladores de La Oroya”, afirmó José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA.
“Por ello la decisión respecto al PAMA deberá considerar estas garantías exigidas e implementar finalmente, las medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones para mejorar la salud y el ambiente en la ciudad, pues éstas medidas no se han cumplido”, finalizó.