El organismo Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) se pronucnió sobre la denuncia del programa dominical Panorama, que puso al descubierto una red de explotación sexual infantil que se viene dando en el hospedaje Toro Bravo en Iquitos.
“El hecho de por sí es repudiable pero lo es más porque involucra a al congresista Víctor Grandez, en un delito donde niñas entre 10 y 14 años son explotadas sexualmente”, refirió en un comunicado enviado a INFOREGIÓN.
El documento señala que “según el artículo 153 A del Código Penal peruano, que prevé la primera escala de agravantes del delito de trata de personas, aquellos que abusan de su función pública tendrán una pena no menor de doce años ni mayor de veinte años de privación de la libertad e inhabilitación. Sin embargo, no podemos olvidar que el Congresista Grandez no podrá ser procesado o apresado sin que sea autorizado por el Congreso o por una Comisión Permanente. En ese sentido exigimos una investigación sumaria al congresista Grandez para que de ser el caso, responda de inmediato ante la justicia”.
De acuerdo al informe del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre enero del 2007 y abril del 2014 se reportaron 1976 denuncias de trata de personas. De ellas Iquitos registra el segundo lugar en número de denuncias de trata de personas (211), después de Lima (301).
Corrobora esta información el Sistema RETA – PNP, mencionando que Loreto es la segunda región con mayor índice de denuncias de trata de personas, llegando hasta diciembre del 2012 a 63 casos registrados, correspondientes al 10.63% del total de casos a nivel nacional. De estos casos, el 45.7% fueron menores de edad.
Asimismo, se ha reportado que Loreto tiene características que favorecen la expansión del delito, como la pobreza, la desprotección de los menores de edad[1], el “consentimiento social” a las relaciones de pareja entre adultos y menores edad, sin embargo, existen factores que agravarían aún más esta situación, como la falta de vigilancia, la corrupción de funcionarios y la escasa sanción efectiva contra agresores en la región Loreto[2].
“Como la sociedad civil debemos desplegar nuestros esfuerzos para que la denuncia no pierda vigencia y se logre el retiro de la inmunidad parlamentaria, y la destitución e inhabilitación del señor Grandez”, indica el documento.