La minería informal e ilegal genera efectos nocivos no sólo para el medio ambiente, sino para la sociedad ya que perpetúa prácticas ilegales como la explotación sexual y laboral de menores o la trata de personas.
Ante esto, el gobierno ha emitido una serie de decretos para combatir este tipo de actividad minera y buscar la formalización de los pequeños extractores, siendo una de las últimas el Decreto Legislativo 1100, el cual busca regular la actividad minera informal e ilegal. No obstante, la problemática antes expuesta, en donde se explota laboral y sexualmente a menores de edad, no está siendo contemplada como un impacto directo de la actividad minera.
Es imprescindible contemplar esta problemática como uno de los componentes a tomar en cuenta en la evaluación de impacto, requisito indispensable para iniciar cualquier actividad extractiva como la minería, que al mover cantidades exorbitantes de dinero, en la mayoría de casos se crean mafias alrededor de esta práctica que ejerce la captación, traslado y explotación de víctimas, que en su mayoría son menores de edad.
En el marco de esta coyuntura, las Veedurías de la Trata de Personas-Mirada Ciudadana de CHS Alternativo de Madre de Dios, Cusco y Arequipa vienen realizando la campaña “El Sur Contra la Trata de Personas”, del 19 al 23 de marzo.
Como parte de ella, en Arequipa mediante su campaña local “La Trata de Personas existe, infórmate”, se realizan acciones educativas con el personal de las diferentes organizaciones involucradas. De modo que se promueva una cultura de prevención sobre el delito de Trata de Personas, con el objetivo de reducir los casos de captación y traslado de víctimas, para lo cual es imperante que tanto los ciudadanos como las autoridades estén informados y sensibilizados.
Según el Sistema RETA-PNP, el cual lleva el registro estadístico del número de casos sobre Trata de Personas en el Perú, Arequipa registra 36 denuncias, de las que ha implicado el rescate de 76 víctimas, siendo 37 mujeres menores de edad. Cabe indicar que de, esa cifra, el 62% fueron casos con fines de explotación sexual.
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