CHS Alternativo, organización especializada en el tema de la trata de personas, dio a conocer, a través de dos publicaciones financiadas por la Fundación Konrad Adenauer, los principales avances en el desarrollo de las políticas públicas contra este delito y contra el tráfico ilícito de migrantes además de la agenda pendiente 2013-2016.
La publicación, denominada Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 y su Reglamento, hace un recuento de las acciones del Estado relacionadas a la prevención y persecución del delito así como a la protección y asistencia de sus víctimas a partir de la información proporcionada por las propias instituciones públicas con responsabilidades asignadas en la Ley.
Según señaló el presidente de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, se ha avanzado poco en la protección de las víctimas, se avanzó algo más en la prevención, y en lo que respecta a la persecución del delito “aún hay mucho por hacer debido a que la dimensión del problema es enorme”.
En entrevista con INFOREGIÓN, el especialista manifestó que se dificulta la solución del problema por la existencia de vacíos legales, especialmente en lo referente a la precisión del tipo penal, que se confunde en muchos casos con proxenetismo o prostitución.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, afirmó que uno de los grandes temas pendientes es el desconocimiento de los funcionarios del tema, la poca importancia que se le da o la minimización de los casos.
Tras señalar que el documento de CHS Alternativo da cuenta “de manera precisa, profesional y descarnada” los pocos avances y sobre todo de las deficiencias y temas pendientes, Vega Luna sostuvo que el sistema de protección a las víctimas de trata lamentablemente “ha avanzado poco”.
Entre las instituciones evaluadas están los ministerios del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transporte y Comunicaciones, Justicia y del Trabajo. Asimismo, se hizo un seguimiento al Poder Judicial, los gobiernos regionales y los gobiernos locales a nivel nacional.
La publicación señala que el Ministerio del Interior ha realizado más acciones que en el periodo 2009-2011; sin embargo, no asume su responsabilidad en la paralización del único sistema oficial de registro del delito, Sistema RETA, que no funciona desde febrero de 2012, representando un estancamiento en la lucha contra la trata de personas.
Entretanto, los gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel en el cumplimiento de la ley mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores.
En la presentación del Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 y su Reglamento, realizada en las instalaciones del Centro Cultural de la PUCP, participaron el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna; la presidenta ejecutiva de DEVIDA, Carmen Masías Claux; el embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú, Arjan Hamburger; el representante de la Fundación Konrad Adenauer, Mathias Maeckelmann así como la directora ejecutiva de CHS Alternativo, Andrea Querol, entre otros.