El economista y experto en temas de desarrollo Dennis Pereyra Díaz manifestó que, desde el año 2000 hasta el 2008, la deforestación de bosques con fines de cultivos de hoja de coca ilegal alcanzó las 88 mil 400 hectáreas de suelos que perdieron su cobertura boscosa para dar paso al insumo principal del narcotráfico, lo que afecta seriamente a la ecología y la vida misma del ser humano.
En ese sentido, dijo – en conversación con el noticiero La Voz del Oriente que coproduce INFOREGIÓN en Tingo María – que en los últimos nueve años los efectos de la deforestación han dañado los suelos y los sistemas ecológicos, lo que se deja ver en los efectos del cambio climático que afecta al mundo.
Pereyra informó en detalle que, de acuerdo a información de ONUDD, INEI e el ex INRENA, durante el año 2000 se habría deforestado 18 mil 800 hectáreas y en el 2001, 11 mil.
Del mismo modo, precisó, entre otros datos, que la cifra para el año 2004 fue de 24 mil 400 hectáreas, misma que en el 2006 llegó a 12 mil 800, en el 2007 a 9 mil 200 y en el 2008 a 9 mil 600 hectáreas.
«Si sumamos esos años, da más o menos 88 mil 400 hectáreas que se habrían deforestado en nuestros bosques solo para cultivar la hoja de coca de cuya producción más del 93 por ciento a nivel nacional tiene su fin en el mercado ilícito, y esto es contundente», indicó.
El daño de los insumos químicos
En otro momento, el experto sostuvo que otro de los agentes causantes de un gran daño al medio ambiente es el uso indiscriminado de insumos químicos en los laboratorios de producción de droga, que llega a los 10 millones de litros por año aproximadamente.
«El uso es indiscriminado y las consecuencias son negativas para el medio ambiente, para la ecología y para el ser humano», refirió al comentar su preocupación por la existencia de un millón 200 mil cocainómanos en el país.
Finalmente, el analista comentó el involucramiento de la parlamentaria andina Elsa Malpartida dentro de las filas de Sendero Luminoso, hecho público por el diario El Comercio en su edición dominical. Dijo que la legisladora debe asumir las consecuencias de haber ocultado información cuando se encontraba postulando a un cargo de elección popular.