LIMA. Durante una conferencia de prensa transmitida este jueves 31 de agosto, las viudas de tres de los cuatro líderes indígenas asháninka asesinados el 1 de setiembre de 2014, cerca de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, en compañía de la hija del cuarto defensor fallecido, expresaron su indignación en respuesta al reciente fallo que anuló la sentencia en primera instancia del caso Saweto. Dicha sentencia impuso una condena de 28 años y tres meses de prisión efectiva para los cinco acusados de haber cometido estos homicidios, entre ellos los madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta.
Julia Pérez, quien fuera esposa del dirigente y activista ambiental Edwin Chota, cuestionó que, tras nueve años de lucha, aun no logran obtener justicia para ella, su familia y toda su comunidad. Por el contrario, manifestó que pareciera que esta justicia solo está dirigida para beneficiar a aquellos que cometen delitos.
La exlideresa de la comunidad nativa asháninka Alto Tamaya-Saweto Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos Pérez, recordó que su esposo fue asesinado mientras luchaba por su territorio y por el futuro de sus hijos, denunciando las actividades de los taladores ilegales. Además, sostuvo que como pobres y como pueblo indígena no tienen derechos y no pueden alcanzar justicia, y, sin embargo, continuarán defendiendo y cuidando su comunidad, sus ríos y sus bosques, de los taladores que depredan y contaminan el ambiente.
Nueve años de lucha por justicia
El martes 29 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Ucayali, conformada por los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia, dispuso la realización de un nuevo juicio oral para el caso Saweto, lo que implica el reinicio del proceso.
La sentencia en primera instancia que condenó a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, señalados como los autores intelectuales; y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, junto con el brasileño Eurico Mapes Gómez, considerados los autores materiales; fue emitida el 27 de febrero de este año, luego de 8 meses de juicio oral.
Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, manifestó, durante su intervención en la conferencia de prensa, que se encuentra muy molesta por la justicia no alcanzada. “Mi esposo me ha dejado hace muchos años y con cuatro hijos pequeños. Estoy aquí para conseguir justicia, al igual que todas mis hermanas. Mis hijos sufren. ¿Quién piensa en nosotras, que nos hemos quedado viudas?”, declaró.
En representación de su madre Adelina Vargas, quien fue la esposa de Francisco Pinedo y falleció en 2022; Lina Ruiz Santillán manifestó su rabia a causa de la decisión de los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali de anular la condena a los presuntos implicados en los asesinatos de su padre y de los otros dirigentes indígenas mencionados.
Ruiz Santillán se sumó a los pedidos de justicia para este caso y mencionó las carencias que hay en su comunidad: falta de agua y servicios básicos, y el derecho a la educación. “Me duele mucho. Tanto sufrimiento durante estos nueve años y los jueces no nos hicieron caso. […] Pero para los asesinos sí hay ‘justicia’”. Queremos justicia. Soy madre. […] Me duele que mis hermanos hayan crecido sin su padre, y ellos necesitan de su cariño, yo también. Mi padre no murió por gusto por luchar por nuestros bosques y por nuestro futuro”, señaló.
No la impunidad en el caso Saweto
En la conferencia de prensa también se hicieron presentes los apus Jorge Pérez Rubio y Jamer López Agustín, presidentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), respectivamente.
A su turno, el apu Jorge hizo un llamado al gobierno central para que garantice la protección de los líderes y defensores indígenas amenazados y asesinados. En ese sentido, se dirigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate y señaló que “este es el momento para concretar acciones respecto a hacerse responsable de los deudos y los huérfanos”. Asimismo, indicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debe involucrarse, de manera inmediata, para que mientras se reinicia el proceso judicial apoye a las familias.
Por su parte, el apu Jamer dijo que el Estado Peruano debe comenzar a hablar de reparaciones colectivas, tanto para el caso Saweto como para otros similares, donde líderes indígenas amazónicos han sido asesinados, y que también están siendo judicializados.
«Este era un momento para abrir una ventana y demostrar que el Estado Peruano sí garantiza los derechos humanos. Sin embargo, el Estado ha retrocedido. Podemos decir que la actividad ilegal nos está ganando. La sentencia del caso Saweto iba a quedar como una jurisprudencia. Esperamos que pronto designen a los jueces para este nuevo juicio oral y que tengan una conducta intachable. No más corrupción en nuestros operadores de justicia«, comentó.