Lo que viene y ha venido sucediendo con Doe Run Perú (DRP), sencillamente no tiene nombre. En años anteriores, el Estado ha dado claras muestras de debilidad ante las presiones de una empresa que no sólo ha incumplido con sus obligaciones ambientales, sino que además lo ha demandado internacionalmente. Y, por si fuera poco, ha conseguido apoyo en el Congreso para extender todos los plazos referentes a sus compromisos.
DRP tiene 15 años en la Oroya, y tiene dos (02) ampliaciones de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), fundamentalmente relacionado a la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y la Modernización del Circuito de Cobre. Dicha planta es indispensable para proteger la salud de los pobladores y hasta que no se concluya, DRP no debería volver a operar. De reanudar sus actividades, además, la empresa estatal Activos Mineros no podría remediar los suelos ya contaminados, porque DRP seguiría contaminado, y sería una inversión sin mucho sentido.
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