El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, consideró que en el caso de la parlamentaria andina Elsa Malpartida y su relación con Sendero Luminoso existe un dilema jurídico pues de un lado ella debía guardar reserva absoluta sobre su inclusión en los beneficios de la Ley de Arrepentimiento y de otro tenía el deber de brindar esta información en aras de la transparencia que debe primar en todo proceso de elección popular.
En conversación con el programa Diálogo Ciudadano, que emite semanalmente INFOREGIÓN, comentó que el hecho de tener la intención de postular a un cargo público y para ello firmar una hoja de vida con carácter de declaración jurada la obligaba a no ocultar su pasado como integrante de Sendero Luminoso, revelación que fue dada a conocer recientemente por el diario El Comercio.
«Yo considero que en esas situaciones el hecho de aspirar a ocupar una representación publica generaba una obligación para informar en la hoja de vida – que tiene la condición de documento público y declaración jurada – que ella había sido objeto y sujeto de un procedimiento en el marco de una ley, que era la Ley de Arrepentimiento, aún cuando es un argumento a favor de Elsa Malpartida que había un impedimento legal para difundir la información del sistema de justicia», declaró.
Agregó que quien quiera ser funcionario público debe cumplir con el deber de declarar con transparencia su pasado, incluso en el caso de la parlamentaria andina Malpartida, donde se ha configurado un dilema legal.
Transparencia debe primar
«Desde mi punto de vista, debe primar el último momento del vínculo con la administración pública, y ese último momento es cuando decide ser candidata. Por eso digo que desde mi punto de vista existía un deber de actuar con transparencia», reiteró.
«Creo que esta es una situación particular bastante especial porque en ningún otro caso la ley impide que se haga pública esa información y ningún otro caso lo plantea. Sin embargo hay un deber que debe primar que es el de la transparencia al postular a un cargo público», destacó.
Finalmente, el abogado expresó que, pese a que los arrepentidos y quienes han cumplido su condena no presentan impedimentos para participar de la vida política del país, tendría reparos en que personajes vinculados a hechos de sangre postulen a un cargo politico.
«Obviamente, si no hay ningún impedimento, tanto de naturaleza legal como constitucional para impedir eso, en realidad la persona que ha sufrido una condena y se ha acogido a la Ley de Arrepentimiento no tendría obstáculos, siempre y cuando ese proceso se desarrolle en el marco del estado de derecho», puntualizó.