LIMA. El pasado 7 de enero un arqueólogo fue agredido de manera física y verbal por invasores de terrenos arqueológicos estatales y delincuentes extranjeros mientras realizaba sus labores de investigación y conservación, en el sitio arqueológico Chupacigarro, centro urbano anexo a la Ciudad Sagrada de Caral, región Lima.
El hecho ocurrió mientras el arqueólogo Daniel Mayta se encontraba con tres técnicos realizando excavaciones arqueológicas en el área norte de la Pirámide Mayor de Chupacigarro (Sector A), a una distancia aproximada de 250 metros del terreno estatal que debe ser desocupado.
Mayta resultó con contusiones provocadas por el ciudadano Pablo César Mejía Solís, familiar de Alejandro Solís Saavedra, invasor de más de cuatro hectáreas arqueológicas estatales del sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Caral – Chupacigarro.
“Estábamos limpiando un cateo antiguo para estudiar los muros que se encuentran en el sitio arqueológico cuando el invasor Pablo César Mejía Solís, acompañado por otras ocho personas, entre varones y mujeres de acento extranjero, encapuchados y portando palos, se acercó a increparnos, diciéndonos con insultos que nos retiremos de sus terrenos. Nos dijo: lárguense de mis tierras”, dijo el arqueólogo.
Agregó que tras ello, él le respondió que el trabajo que estaba realizando se encontraba fuera del terreno que debía ser desalojado. Sin embargo, el ciudadano Pablo César Mejía Solís, empezó a agredirlo físicamente.
“Primero hizo un ademán para golpearme, y al ver que no me retiré, me golpeó con el palo en la cabeza. Golpeó el casco que portaba y rompió mi careta de protección. Luego me golpeó en las manos, brazos, espalda y piernas con el mismo tronco de eucalipto. Intenté defenderme, pero las demás personas que lo acompañaban también vinieron contra nosotros”, señaló el jefe de campo del sitio de Caral. Añadió que, lamentablemente, el equipo de arqueólogos no cuenta con seguridad.
El arqueólogo, que fue auxiliado por otros compañeros de trabajo, ha puesto la denuncia en la Comisaría de Supe y está pasando los exámenes legales para que las autoridades correspondientes realicen las acciones pertinentes y garanticen el trabajo arqueológico en el valle de Supe, se informó a INFOREGIÓN.
Datos:
El Procurador del Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Zona Arqueológica Caral, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, se desplazó al lugar para ejecutar la orden de desalojo de los terrenos arqueológicos estatales dispuesto por el Poder Judicial.
Sin embargo, encontró bloqueadas las vías de acceso, y a un numeroso grupo de individuos con los rostros cubiertos y armas blancas, dispuesto a impedir la medida, por lo que acordó con la parte sentenciada suspender el desalojo hasta mayo de 2022, según se informó en las redes sociales.