El 18 de febrero de este año, el fiscal especializado en Materia Ambiental de Lima Noroeste, Ariel Tapia, incluyó a Giácomo Pisani como investigado por la presunta comisión de delito ambiental. A pesar de ello, Pisani decidió regresar a su país alegando que no tenía “ninguna restricción o prohibición” para viajar, y porque también había concluido su contrato con la compañía.
No obstante, el Ministerio Público había informado vía Twitter que sobre Pisani existía impedimento de salida del país. La Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público ha requerido que se inicie el proceso de extradición.
Desde un principio, Giácomo Pisani denunció que la empresa Repsol había actuado mal frente al derrame del petróleo. Según él, desde el momento en que se inició el accidente, y varias horas después, se emitieron al menos unas ocho cartas de protesta contra los representantes de la empresa mencionada.
En una de ellas, Pisani indica que los representantes de la refinería La Pampilla no realizaron un “operativo de buceo la terminal para comprobar el estado de manguera de carga flotante que provocó el derrame de crudo en agua de mar”, lo que se significaba una reacción tardía por parte de Repsol. Hecho que causó el desplazamiento de crudo hasta la costa sin poder contenerlo.
Ante estas acusaciones, Repsol indicó que “no pudieron ingresar debido a que las condiciones no eran seguras, por lo que inmediatamente se activó a un segundo equipo de buzos con equipamiento especial”. Por esta razón, demoraron en enviar equipos de buceo a la zona del desastre. Actualmente, la empresa alega que el capitán del buque hizo maniobras indebidas que ocasionaron el accidente. La fuga de Pisani retrasaría aún más las investigaciones.