La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizan un taller que analiza las estrategias operativas para implementar la propuesta piloto de aplicación del modelo de tribunales de tratamiento de drogas en el Perú.
Carmen Masías, presidenta ejecutiva de Devida, inauguró el evento y explicó que los tribunales de tratamiento de drogas buscan ser una alternativa a la encarcelación para los infractores de la ley penal dependientes de drogas. También dijo que la función del modelo es facilitar el proceso de rehabilitación, utilizando mecanismos de sanciones e incentivos.
La funcionaria destacó que está comprobado en varios países que los tribunales de tratamiento de drogas reducen el delito, la recaída del consumo de drogas y la población penitenciaria e infractora, lo que representan una inversión eficiente.
Asimismo destacó que países de nuestra región, como Chile y Argentina, están implementando el modelo con resultados positivos y favorables.
El taller está dirigido a directivos y profesionales del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú y centros de tratamiento de adicciones públicos y privados, informó una fuente de Devida a INFOREGIÓN.
PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN
Para una adecuada implementación del modelo de tribunales de tratamiento se consolidará equipos interdisciplinarios desde el sistema sanitario y judicial, además se realizará una capacitación y entrenamiento permanente a los operadores de salud en aspectos de criminología, y a operadores de justicia en temas de adicciones y neurociencias.
Entre otras acciones, se consolidará la red de servicios de tratamiento público y privado accesible y fiable que cuenten con un Programa de Tratamiento y con los lineamientos establecidos en la Ley de Comunidades Terapéuticas
Actualmente en el Perú se aplican programas de tratamiento en 14 establecimientos penitenciarios y 9 centros Juveniles de adolescentes infractores a nivel nacional.
Sin embargo, dada las limitaciones propias de estos sistemas, se hace evidente la necesidad de generar nuevas estrategias complementarias, que se articulen y fortalezcan las alternativas de tratamiento para este tipo de población.