(El Comercio) ¿Qué estamos haciendo contra el consumo y microcomercialización de drogas? Es la candente pregunta que debemos plantearnos. Nuevos estudios revelan el preocupante crecimiento del consumo de drogas en la capital y otras ciudades del país, sobre todo entre los jóvenes de todos los estratos sociales, mientras que los centros de microcomercialización se han más que duplicado en apenas seis años, a vista y paciencia de vecinos y autoridades.
¿Qué hacen los alcaldes, los gobiernos regionales, la Policía Nacional y los ministerios de Salud y Educación? Pues al parecer muy poco: según un reciente informe de Cedro, solamente en Lima existen 1.122 puntos de venta de droga (más del doble de los 455 lugares de fácil acceso identificados en el año 2004).
Son lugares identificados donde la droga se expende impunemente ante la incomprensible inacción de las autoridades a las que parece no interesarles que nuestra juventud se intoxique y vea sus sueños y potencialidades truncados por la adicción. El problema se repite, en mayor o menor medida, en el resto del país.
El debate, entonces, no puede agotarse en la controversia sobre quién ocupa el primer lugar en la producción de hoja de coca o en los planes de interdicción contra las mafias de la droga hoy asociadas estrechamente a grupúsculos terroristas. Esa es una de las caras del problema. La otra está a la vuelta de la esquina.
Somos una nación con gran número de adictos, lo que constituye una de las principales epidemias de salud del siglo XXI. La enfermedad de la adicción trae una serie de graves perjuicios en los ámbitos personal, familiar y nacional.
¿Qué futuro nos espera como sociedad y país si no atacamos frontalmente este problema, que incide en el rendimiento y la deserción escolar, en la violencia familiar, el pandillaje y los suicidios?
El problema es grave y demanda un abordaje interinstitucional que involucre a los alcaldes, la Policía Nacional, los fiscales y los jueces, junto con los directores de colegios, para detectar y erradicar a los vendedores callejeros de droga y sus abastecedores, paradójicamente muy conocidos en los barrios en los que operan.
Se requiere un plan trabajado y ordenado, con mecanismos de apoyo, seguimiento, control, así como con cambios normativos que endurezcan las sanciones a los comercializadores y eviten, como sucede ahora, que sean liberados a las pocas horas por fiscales o jueces descomedidos o corruptos. En estos casos el peso de la ley debe caer con toda su fuerza, también contra quien beneficia a los microcomercializadores y narcotraficantes.
El asunto es de tal trascendencia que merece colocarse de modo prioritario en el debate cuando empiezan a dibujarse candidaturas para alcaldías y presidencias regionales. La ciudadanía espera las propuestas de los candidatos para prevenir el consumo y erradicar las cadenas de vendedores de drogas en las calles, amén del reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico.