El Gobierno Central anunció la cancelación de la licencia de funcionamiento de la compañía minera estadounidense Doe Run Perú, por haber incumplido el plazo para reiniciar actividades con las garantías ambientales exigidas por la normatividad del Estado.
«Vencido el plazo sin que la empresa Doe Run haya solucionado la contaminación ambiental y reiniciado sus actividades se aplicará estrictamente la ley y se cancelará la licencia de funcionamiento», dijo el mandatario en un mensaje por el Día de la Independencia de Perú, en el Congreso de la República.
García dijo que el gobierno «no permitirá que una empresa abuse del país o lo chantajee como es el caso de Doe Run, y vencido el plazo sin solucionar la contaminación ambiental se le cancela la licencia».
La empresa, propiedad del Grupo Renco de Estados Unidos, planteó sin embargo en un comunicado del martes que reiniciará operaciones en una fecha posterior (sin precisarla) en vista de que «subsisten temas que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad del complejo metalúrgico de La Oroya».
La minera debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco por impuestos e incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medio ambiente.
En los últimos años obtuvo plazos para adecuarse al programa medioambiental, pero siempre los incumplió.
Doe Run controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde 1997 en que se privatizó, pero cerró sus operaciones en junio del año pasado argumentando que fue afectada por la crisis financiera mundial, baja de los precios de los metales y por la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.
La Oroya, ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a 185 km al este de Lima y sobre los 3.500 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de cien años y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.