Luego de varios movimientos e incidentes queda claro que Sendero Luminoso (SL) realiza en el exterior una intensa campaña, inicialmente en América Latina, la primera de las ofensivas luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bloqueara la inscripción de su pretendida fachada legal, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).
Esta campaña difiere de las otras realizadas en los años ochenta y noventa, cuando en pleno ciclo de violencia política, SL realizaba un proselitismo internacional para justificar sus acciones terroristas, recabar recursos financieros y organizar la solidaridad de movimientos ultraizquierdistas y maoístas del mundo que presionaban a sus gobiernos a favor del senderismo. Esas campañas se vinieron abajo con el descalabro militar de SL y la captura de los líderes terroristas más influyentes.
En esta oportunidad, el senderismo presenta una piel aparentemente nueva. Ha empezado a recorrer el mundo levantando tres grandes tesis: la primera, que en el Perú existen presos políticos juzgados ilegalmente y sometidos a tratos crueles; la segunda, que el Perú necesita de una solución política del conflicto armado interno, un proceso de reconciliación nacional basado en amnistía general a los presos terroristas; y, tercera, que la aprobación de la llamada Ley del Negacionismo sería un golpe mortal a este proceso, agravando el conflicto interno.
El Estado debe salir al frente de estas tesis, con las que SL ha tenido cierto éxito al relacionarse con movimientos populares de orientación radical en México, Chile y Argentina. En estos dos últimos países, además, se han infiltrado con los migrantes peruanos organizados y en Argentina han logrado el apoyo de las Madres de la Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En ese país, han sido recibidos por el ahora renunciante embajador peruano, un acto que constituye un error político habida cuenta del contexto de la campaña y las orientaciones precisas de Torre Tagle sobre el caso.
Las tesis de SL son una calumnia al Perú y a su democracia, a pesar de sus imperfecciones. Los presos terroristas fueron condenados luego de juicios ejemplares por jueces con el rostro descubierto luego de que la justicia supranacional cuestionara el modelo de jueces sin rostro. Estos procesos han merecido la aprobación del sistema interamericano de DDHH y el Perú ha cumplido escrupulosamente las recomendaciones internacionales sobre las condiciones carcelarias de los terroristas.
Por otro lado, la solución política del “conflicto interno” no es viable, principalmente porque SL fue derrotado y ha dejado de ser un actor militar. Las bandas del Alto Huallaga y del VRAEM, una casi aniquilada y otra activa aún, no aparecen como la continuidad senderista. En todo caso, el sentido de la reconciliación que el Perú necesita y reclama es aquella que no pasa por amnistías e indultos sino por la verdad y justicia, tal como lo expresó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La libertad de Abimael Guzmán y sus cómplices sería un insulto a sus miles de víctimas civiles y militares.
Finalmente, el proyecto de Ley del Negacionismo es ciertamente polémico y esta casa editora ha expresado sus reparos. Sin embargo, el sistema político tiene recursos democráticos para impedir o para derogar cualquier norma que se considere violatoria de los DDHH. En cualquier caso, el problema de la legalización de SL no pasa por su conversión en partido político. El asunto es más complejo, como lo sucedido con otras bandas terroristas su existencia es incompatible con el sistema.