Pobladores de las comunidades de los distritos del sur de Angaraes, en Huancavelica, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Conferencia Episcopal Peruana, para encontrar una pronta solución al conflicto socioambiental provocado por las actividades que desarrolla la empresa minera Pampamali en la zona.
Como se recuerda, el 28 de abril pasado unos 800 comuneros de los distritos de Secclla, Santo Tomás de Pata, Congalla, Antaparco, Julcamarca, Chincho y Lircay tomaron el campamento minero de Pampamali y a la fecha permanecen en el lugar a la espera de una respuesta positiva a sus reclamos.
El secretario del comité de fiscalización del medio ambiente de Angaraes, Carlos Candioti manifestó que la minera funciona en territorio Angareño desde hace más de 8 años, gracias a que se acogieron a un silencio administrativo positivo.
“Eso es ilegal, ya que el dispositivo no es aplicable para casos que afecten a la vida, la salud y el medio ambiente. Además, su Estudio de Impacto Ambiental, tiene 49 observaciones de las cuales ocho están relacionadas al agua y son insubsanables”, afirmó Candioti.
Las operaciones de Pampamali se realizan en la cabecera de las cuencas de los ríos Sicra y Atuna, y según habitantes de la zona vienen causando serios daños al medio ambiente ya que las aguas acidas provenientes de sus bocaminas van a parar directamente a los cauces de los ríos, sin tratamiento alguno.
Para mañana está prevista una mesa de diálogo de alto nivel en el que se espera que participen el presidente regional de Huancavelica así como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.
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