José Carlos Vera, miembro del equipo de asesores de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, confirmó el rechazo de las autoridades a las modificaciones a la Ley 29470 de Elecciones Regionales, pues cambia las reglas de juego generando vacíos que favorecen negativamente la gobernabilidad.
«La modificación a la norma brinda la posibilidad de una segunda vuelta electoral, cuando ya existe una medida que es la revocatoria para presidentes regionales, la cual tiende a generar legitimidad y eficencia en la gestión», agregó en conversación con INFOREGIÓN.
El cambio afecta el proceso de descentralización al ocasionar mayor caos, un clima de conflictos y empuja a los candidatos a estar en permanente campaña electoral. Asimismo, un mayor gasto, afirmó Vera. Además, no existen criteros técnicos comprobados que establezcan una relación directa entre mayor cantidad de votos y mejora de la administración pública.
Recorte de mandato
No son las únicas perlas. La incorporación de la obligatoriedad para los presidentes y vicepresidentes regionales, de solicitar 120 días de licencia si es que van a candidatear en las próximas elecciones, tambien genera opiniones encontradas.
En la práctica significa un recorte del tiempo de gestión, lo que es inconstitucional. Una medida similar dictada por el Congreso anteriormente fue rechazada por el Tribunal Constitucional.
«Nos preocupa que el Congreso, de manera inconsulta y unilateral, modifique la ley sin haber establecido un proceso de diálogo con la Asamblea Regional, y por eso expresamos nuestra preocupación», señaló.
Alternativas realistas
La Asamblea de Presidentes Regionales, por su parte, ha presentado interesantes alternativas para la modificatoria de la ley 29470, proponiendo por ejemplo una valla mínima de votos, del 20% tal vez.
Otra propuesta de modificación sería la de prohibir a los que vayan a la reelección su participación en la inauguración de obras públicas o usar recursos públicos en actividades que se vinculen con una campaña electoral.
Además, en el pedido de la licencia de 120 días para las autoridades, la pregunta es qué miembro del Consejo Regional asumiría la presidencia, quién lo va a determinar.
«Estamos proponiendo otras medidas consistentes limitando inequidades y permitiendo una competencia democrática. Pero insistimos en que esta modificación solo generará un vacío de poder y mientras no se establezca un diálogo pedimos la suspensión de su vigencia», puntualizó el asesor.