Como una amnistía encubierta que busca clausurar los procesos por violaciones a los derechos humanos y poner en libertad a perpetradores de crímenes horrendos como los integrantes del grupo Colina, calificó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, los decretos legislativos 1094, 1095, 1096 y 1097, aprobados recientemente por el Ejecutivo.
En diálogo con el noticiero “La Voz del Oriente”, una coproducción de INFOREGION que se transmite por las radios Ribereña y Rumba en Tingo María y Stereo Mix en Aucayacu, Rivera señaló que no se trata de normas que pretendan establecer beneficios para las personas que están procesadas, porque lo único que buscan es exclusivamente un apartamiento indebido y un archivamiento definitivo de los casos en los que estas personas se encuentran comprendida.
Carlos Rivera adelantó que ya denunció este hecho ante la Comisión de Derechos Humanos y ante el Tribunal Constitucional porque hay una evidente voluntad por parte del Ejecutivo, que ha dictado las normas, de clausurar los procesos por violaciones a los derechos humanos y poner en libertad a perpetradores de crímenes como los miembros del destacamento Colina.
El abogado denunció además que existe un acuerdo entre el Apra y el fujimorismo para que no se judicialice y se deje libre a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.