En la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, una provincia de Loreto ha sucumbido ante el narcotráfico que ha captado a toda una etnia amazónica para el cultivo de coca y la elaboración de cocaína tal y como sucede en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Caballococha se encuentra cerca de la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en la región Loreto. Está a dos horas de las ciudades de Santa Rosa, Leticia y Tabatinga viajando por el río Amazonas en los “rápidos”, embarcaciones a motor que recuerdan a los buses interprovinciales de los años 90’, y se ubica en las orillas del río más caudaloso del mundo. Pero esta localidad sería como cualquier otra de nuestra Amazonía si es que no fuera por un nefasto detalle: el narcotráfico ha tomado el control de la zona.
El último 11 de julio el mayor Rudy Jim Falcón Salguero fue asesinado en las inmediaciones de esta localidad cuando destruía laboratorios de cocaína junto a otros 17 agentes de la Dirandro, todos dirigidos por el comandante PNP Iván Lizzetti. El grupo policial había destruido aquella madrugada ya dos instalaciones de elaboración de cocaína y se dirigían a acabar con otra tercera cuando fueron emboscados.
Exitosa, conjuntamente con Inforegión, agencia de prensa ambiental, viajó a la zona para conocer –in situ– la realidad de esta provincia elegida por los narcotraficantes, mayormente colombianos, para sembrar coca y fabricar la cocaína que está siendo trasladada hacia la frontera para su posterior distribución a Colombia y Brasil.
ZONA LIBERADA
La provincia de Mariscal Ramón Castilla tiene una población aproximada de 70.974 personas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y está conformada por los distritos de Ramón Castilla, Yavarí, San Pablo y Pebas. Caballococha, su capital, alberga a 23.610 pobladores que antes de la llegada del narcotráfico se dedicaban a la pesca y la agricultura (básicamente plátano y yuca).
En la localidad, además de la alcaldía provincial, se encuentran oficinas de otras entidades estatales como el juzgado de paz letrado, Ministerio Público (para delitos comunes, no narcotráfico y/o lavado de activos), comisaría, Departamento de Operaciones Antidrogas (Depotad) de la Dirandro, Banco de la Nación, Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y un Agrobanco que fue inaugurado recién en el mes de julio. No hay bancos, no entidades crediticias.
A diferencia de la capital, Cushillococha es un centro poblado que solo cuenta con el municipio local y donde no existe presencia del Estado. Policías, jueces, fiscales o cualquier otra autoridad brillan por su ausencia, lo que ha hecho de este pueblo una zona liberada a favor del narcotráfico.
A 20 minutos de Caballococha en un motocar, la localidad está habitada por la etnia amazónica ticuna que hasta hace cinco años también se dedicaba a la pesca y agricultura, pero ya no.
De acuerdo a las autoridades antidrogas, el 100% de dicha etnia se está dedicando al cultivo de coca para la elaboración de cocaína con los capitales que la mafia colombiana inyecta en dicho centro poblado.
El alcalde, Joel Cuelo Guerrero, quien también es cocalero, justifica la actuación de su pueblo aduciendo un abandono del Estado. Para el burgomaestre los tres mil soles mensuales que se destinan a su comunidad para los trabajos ediles son absolutamente insuficientes.
“Gracias a la planta adormecedora y al narcotráfico se mejora la vida cotidiana; o sea, de lo que estábamos hasta las patas, ahora todo ha subido de precio. El productor, el pescador venden sus productos al precio que quieran. El fabricante de fariña vende más que la hoja de la coca, (ya) que antes del sembrío de la coca la gente barateaba (sus productos), no había donde vender, ahora por la coca se nivela todo”, afirma.
De hecho, los cocaleros reciben entre 80 y 100 soles diarios por trabajar para los colombianos cuya presencia en Cushillococha es más que evidente pues ahora conviven con los ticunas. Por otra parte, en este centro poblado ya no hay solo las rústicas viviendas de madera de los nativos amazónicos sino que las casas exhiben su material noble con antenas de televisión satelital.
COCAÍNA CON SABOR A CUMBIA
En Loreto no se sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas de coca hay. De acuerdo el último Monitoreo de Cultivos de Coca elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), y que fue presentado el año pasado, en dicha región existen 3.070 ha. de cocales ilegales.
Sin embargo, para el suspendido presidente regional (y candidato a la reelección) Iván Vásquez Valera, son 40 mil las hectáreas cultivadas. Esta abismal diferencia entre las cifras presentadas impide que se sepa a ciencia cierta cuánto es lo cultivado por el narcotráfico pero fuentes de la Dirandro, de la Procuraduría Antidrogas y del Ministerio Público creen que son mucho más los cocales presentados por UNODC y Devida.
Sea cuales fueren las hectáreas cultivadas, la cocaína sale de Mariscal Ramón Castilla y a raudales. Miguel Ángel Peric, jefe de la división de operaciones especiales antidrogas del sector Nor – Oriente – Iquitos, informó que los colombianos han traído a Caballococha su método de elaboración de cocaína.
“El método del cilindro o colombiano no utiliza poza de maceración o decantación, sino que hacen el picado de la hoja verde (de coca) y (el producto) lo meten al cilindro con combustible, en este caso gasolina con cemento, para extraer el alcaloide. Con este procedimiento se acelera el proceso y eso demanda mayor cantidad de hoja, por decir, una arroba de coca seca utiliza 11,5 kg mientras que la de coca verde demanda 30 kg”, afirmó.
Efectivamente, en Caballococha hay cuatro grandes grifos: dos terrestres y dos en el río. Venden gasolina sin emitir una sola boleta de venta y no hay nadie que controle el destino del combustible ya que no hay oficina de la Sunat en esta localidad, a pesar de ser uno de los insumos químicos fiscalizados (IQF).
Para el oficial de la Policía, el Ejecutivo debe incluir entre la lista de los IQF al cemento que reemplaza a otros como el calcio y que puede expenderse libremente y cuando es encontrado en los laboratorios no puede ser decomisado. Por cierto, en Caballococha son 13 las ferreterías que venden como pan caliente este producto.
Otro problema que enfrenta la Dirandro es la falta de una Fiscalía Antidrogas en dicha localidad. El fiscal Felipe Elías Silva trabaja en Iquitos (que queda a ocho horas de esta localidad) y debe repartirse entre los otros casos de narcotráfico y lavado de activos producto de este flagelo que se presentan en todo Loreto. Conclusión, los policías están atados de manos porque no pueden realizar operativos de interdicción sin la presencia del representante del Ministerio Público.
Aunque Peric no lo dijo, este no es el único problema que enfrentan los agentes antidrogas en Mariscal Ramón Castilla. Los policías, cuyos nombres no revelaremos por obvias razones, denunciaron que mientras que en el Vraem o el Alto Huallaga hay helicópteros que son utilizados para la destrucción de laboratorios y la erradicación de coca, Loreto no cuenta con ninguna de estas unidades.
Además, las embarcaciones que usan son de 1998, lo que los pone en total desventaja al momento de perseguir a los traficantes que tienen naves con tecnología de este siglo y que cuentan con motores más raudos que los policiales.
En resumen, sin Sunat, Fiscalía Antidrogas y sin apoyo logístico, los policías de la Dirandro de Caballococha trabajan con las manos atadas para beneplácito de los narcos.
DE “RASPACHINES” Y JUVENTUDES PERDIDAS
La jueza Liliana Garrido López ha procesado en Caballococha a entre 80 y 100 personas desde que asumió el juzgado de paz letrado hace 16 meses. Todos los detenidos están juzgados y/o condenados por narcotráfico pero específicamente por sembrar coca, procesar cocaína o transportarla pero que hasta el momento no se ha capturado a algún narco importante. “Todos son de comunidades nativas, personas humildes, nativos colombianos y brasileños”, añade.
Garrido indicó que a los jóvenes que van a sembrar y cosechar la coca se les denomina “raspachines”, quienes son seducidos por el dinero fácil que ofrece el narcotráfico. “Pero lo más penoso es que muchos escolares dejan el colegio para irse a trabajar en el sembrado y cosecha de la coca”, lamentó.
Esta situación fue corroborada por el docente Javier Rocha da Silva, quien también es candidato a la alcaldía de Mariscal Ramón Castilla por Acción Popular. De acuerdo con el profesor, en las comunidades nativas cada vez son más los estudiantes que abandonan las aulas para irse con el narcotráfico.
“El sembrío ilegal no solamente crea una economía ficticia y va a traer violencia más adelante si no que también está retrasando el trabajo educativo, los niños están dedicándose a la raspa y por ende abandonando las escuelas”, sentencia lamentándose.
En lo que todos los consultados estuvieron de acuerdo es en que el Estado tiene que intervenir con la introducción de los productos alternativos que están funcionando bien en otras partes del país como el valle de Monzón o la región San Martín.
“Mientras tanto, esta jurisdicción será siendo considerada como el Vraem chico, mientras que no se note la presencia del Estado a través de un plan coherente y objetivo que hasta ahora no se ve”, sentencia la magistrada Garrido (Roberto More C.).
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