Por: Edinson Bolaños, director de la revista RAYA
La esperada Declaración Amazónica de los Estados parte de esta región estratégica para el mundo, que se ha construido durante los últimos meses en Belém do Pará (Brasil), contiene 112 puntos a través de los cuales los presidentes de la Amazonía hacen un llamado urgente a la acción del mundo para proteger este bioma. La Revista RAYA conoció con anticipación este documento y destacamos los puntos más importantes que contiene este documento.
En primer lugar, la declaración se concentra en la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía, es decir, no solo el tema ambiental, sino también, en combatir la pobreza y las desigualdades en la región, una tarea destacada en el discurso tanto de la sociedad civil como de los ocho presidentes que hacen parte de la Amazonía.
Igualmente, destaca la acción urgente para evitar el punto de no retorno en la Amazonía, el combate a la deforestación y a los ilícitos en la región, el desarrollo económico con inclusión social y generación de ingresos y empleo, a partir de mecanismos de participación social, en particular de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y tradicionales, y el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
Busca institucionalizar un Observatorio Regional de la Amazonía (ORA), en la estructura de la OTCA, con el fortalecimiento de sus diferentes módulos en los temas económicos, sociales, ambientales y culturales, como un instrumento permanente de monitoreo, consolidación de informaciones, datos y conocimiento, avalados por los Estados Parte, y orientar a las diferentes áreas de sus gobiernos para que colaboren mediante el suministro regular de datos e información que alimenten los diferentes módulos del ORA. La OTCA facilitará el acceso en tiempo real al ORA y a sus distintos módulos a los Estados Parte y sus instituciones.
Determinó la creación del Panel Técnico Científico Intergubernamental de la Amazonía, en el ámbito de la OTCA, que reunirá anualmente a representantes de los Estados Parte, incluidos técnicos, científicos e investigadores especializados en la región amazónica, con la participación permanente de organizaciones de la sociedad civil, de pueblos indígenas y de comunidades locales y tradicionales, a fin de promover el intercambio de conocimientos y el debate en profundidad sobre estudios, metodologías, monitoreo y alternativas para reducir la deforestación, impulsar el desarrollo sostenible y evitar que el desequilibrio ambiental en la Amazonía se acerque a un punto de no retorno.
Acogió con beneplácito la candidatura brasileña endosada por el Grulac para la celebración de la COP-30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Belém, Amazonia, en 2025, expresando su compromiso de unir esfuerzos para su pleno éxito y destacando que el proceso de la COP-28 a la COP-30 será fundamental para el futuro de la respuesta global al cambio climático.
La declaración también urge a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de provisión y movilización de recursos, incluyendo la meta de movilizar 100 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático, para apoyar las necesidades de los países en desarrollo y reconocer la necesidad de realizar progresos sustanciales en las deliberaciones sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima, a concluir en 2024 ante la urgente necesidad de aumentar la acción climática, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.
Determinó profundizar la cooperación, con el fin de promover la inclusión tecnológica, el cierre de brechas digitales y la formación, el desarrollo sostenible y el apoyo a la vigilancia del medio ambiente, incluso en materia de reglamentación para el mapeo conjunto de las infraestructuras y la demanda de conectividad; la promoción de nuevos puntos de interconexión; la coordinación sobre el uso de bandas de frecuencia; y la certificación/homologación de equipos utilizados para la protección pública, para el socorro en casos de desastre, para la seguridad, para la teledetección y para las telecomunicaciones por satélite.
Tras la declaración también se incentivará y fortalecerán los estudios geoquímicos del suelo de la Región Amazónica y sus recursos hidrográficos a fin de desarrollar los instrumentos de zonificación agroecológica y de riesgo climático para definir las áreas adecuadas para actividades productivas y su escala, aprovechando la necesidad de reforzar la sostenibilidad en la Amazonía y de recuperar áreas degradadas, contener la deforestación en áreas sensibles y fortalecer la conservación de la biodiversidad.
El único punto donde se menciona explícitamente la explotación petrolera. La declaración únicamente plantea iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas.
Igualmente, en la declaración también quedó consignado la promoción y articulación de los sistemas de medicina occidental o alopática con la medicina ancestral o tradicional, respetando los conocimientos y saberes de las personas que las practican y fomentar un abordaje integral y holístico en base a la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Quedó consignado que se fortalecerá la cooperación regional para la prevención y confrontación de las violencias basadas en género, de la misoginia y del racismo en la Región Amazónica, en todas sus formas y dimensiones, y con la incorporación de la promoción y protección de los derechos humanos de los afrodescendientes, de las niñas y de todas las mujeres, como tema transversal a las acciones para la conservación, restauración, manejo y uso sostenible de la biodiversidad.
Finalmente, destacamos de la declaración la promoción la creación de un Observatorio sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales en la Amazonía, con miras a fomentar el intercambio de experiencias y la cooperación entre los Estados Parte e identificar metodologías, fuentes de financiación y mejores prácticas para sus actividades de protección.