La Región Nordeste de Brasil, que abarca los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Río Grande del Norte y Sergipe, particularmente la semiárida, se verá especialmente afectada por el cambio climático en las próximas ocho décadas, de acuerdo con proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Panel Brasileño del Cambio del Clima (PBMC).
Las estimaciones son de reducción de 10% a 20% en las precipitaciones hasta el 2040, de 25% a 35% del 2041 al 2070 y de 40% a 50% del 2070 al 2100 en la Caatinga —o bosque blanco en lengua tupí, bioma exclusiva de Brasil que abarca cerca de 10% del territorio del país—, según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio del Clima del 2015. En el mismo bioma, las temperaturas pueden aumentar de 0.5º C a 1º hasta el 2040, de 1.5º a 2.5º del 2041 al 2070 y de 3.5º a 4.5º del 2071 al 2100.
En la Caatinga, afirma el Plan Nacional, los escenarios apuntan “a una sustitución por una vegetación más árida. Para las poblaciones podrá haber disminución del nivel de los azudes, impactos en la agricultura de subsistencia, especialmente la agricultura de secano, y en la salud, pérdida de productividad, mayor inseguridad alimentaria”.
Las proyecciones, por lo tanto, son de agravamiento de la situación verificada en el Nordeste, a causa del cambio climático. De hecho, la región ya lleva años sufriendo con este fenómeno, tanto que, según el Atlas Brasileño de Desastres Naturales de la Universidad Federal de Santa Catarina, el Nordeste representó el 44.09% del número de personas afectadas por los desastres causados por eventos climáticos en Brasil entre 1991 y el 2012, principalmente por sequías y estiajes. Entre el 2012 y el 2017 el Nordeste sufrió una de las sequías más severas de su historia, que agravó la situación de su población, principalmente la que vive en áreas en proceso de desertificación. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 82.6% de las 1,794 municipalidades del Nordeste fueron afectadas por la sequía, con impacto en el abastecimiento de agua y las actividades productivas. También de acuerdo con el IBGE, sólo el 15% de las municipalidades nordestinas presentaban planes de contingencia contra las sequías.
Sin embargo, no sólo el Nordeste es vulnerable al cambio climático en Brasil. La propia extinción de la Amazonia llegó a ser prevista en un informe del Banco Mundial, en caso continuase el ritmo actual de las emisiones que agravan el efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global. El documento fue divulgado en noviembre del 2014, en vísperas de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), celebrada en Lima, Perú.
En este escenario de graves consecuencias ya sentidas por todas las regiones brasileñas, el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha implementado medidas que en la práctica significan el desmantelamiento de la estructura oficial que había sido montada para prevenir y combatir el cambio climático. Organizaciones ambientalistas y diversas instituciones temen que dichas medidas tengan efecto directo, por ejemplo, en las acciones en curso para garantizar la seguridad hídrica en todo el país.
El día en que asumió la presidencia, el 1 de enero del 2019, Bolsonaro, quien es capitán de reserva del Ejército, emitió la Medida Provisoria 870, que dispuso varios cambios en la administración federal que alcanzan directamente las políticas sociales y ambientales, promoviendo múltiples retrocesos, según organizaciones no gubernamentales.
Uno de los cambios contenidos en la Medida Provisoria 870/2019 es la inhabilitación de algunas funciones del Ministerio de Medio Ambiente, con impacto en el cumplimiento de las políticas públicas de recursos hídricos y en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS 6 (Agua potable y saneamiento), de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La MP 870 incluyó la transferencia del Departamento de Recursos Hídricos, Consejo Nacional de Recursos Hídricos y Agencia Nacional de Aguas (ANA) del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Desarrollo Regional. Todavía no están claras las orientaciones relacionadas con la política nacional de recursos hídricos, resultantes de este cambio.
Agravamiento de sequías
Otra medida implementada por Bolsonaro impacta en las políticas públicas energéticas y en el cumplimiento del ODS 7 (Energía asequible y limpia). El gobierno de extrema derecha hizo otro gesto negativo al decidir que Brasil ya no será sede de la Conferencia sobre el Clima (COP 25) a fines del 2019.
“Para Brasil el efecto político es pésimo. Primero, es una señal para nuestros socios internacionales de que Brasil no es confiable. Segundo, de que el país puede apartarse del multilateralismo o reducir su importancia. Tercero, señala también que el país puede retirarse de agendas que encabezó históricamente: la Convención del Clima nació en Rio de Janeiro y la COP 25 sería su regreso a casa”, destaca para Noticias Aliadas Claudio Angelo, coordinador de Comunicación del Observatorio del Clima, alianza de organizaciones dedicadas a promover la energía sostenible y combatir el calentamiento global, como Greenpeace Brasil y Amigos de la Tierra-Amazonia.
Bolsonaro anunció en noviembre del 2018, antes de asumir el cargo, que Brasil ya no sería sede de la COP 25, prevista a realizarse a fin de ese año. La medida fue interpretada como un gesto para el gobierno de EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, participa del grupo de negacionistas del calentamiento global.
Para las organizaciones ambientalistas, al no acoger la COP 25, el gobierno de Bolsonaro señaló claramente que puede frenar las acciones de incentivo a la energía limpia y renovable, lo cual fue confirmado con su visita a Washington el 19 de marzo. Durante la estadía, los gobernantes de Brasil y EEUU no tocaron la cuestión del clima y, por el contrario, acordaron celebrar un foro de energía binacional, centrándose en petróleo y gas, justamente algunas de las fuentes de agravamiento del calentamiento global. Sin más energía limpia, los impactos del cambio climático expresados en el agravamiento de las sequías en el Nordeste y en fuertes lluvias en el Sur y el Sudeste tenderán a continuar.
El hecho de que Brasil ya no será sede de la COP 25— que tendrá lugar en Chile— y la Medida Provisoria 870 también tienen efecto en el cumplimiento del ODS 13 (Acción contra el cambio climático global). El gobierno de Bolsonaro prácticamente ha liquidado la estructura que había en el Ministerio de Medio Ambiente para coordinar las políticas de prevención y combate al cambio climático.
“La señal dada al sector productivo y los infractores ambientales es de flexibilización, facilitación y amnistía, y entonces es muy difícil que la deforestación disminuya este año, la cual por ahora llega a 10% entre agosto del 2018 y enero del 2019”, prosigue Angelo. Según el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), en enero del 2019, el primer mes del gobierno de Bolsonaro, se deforestaron 108 km² en la Amazonia Legal (que abarca los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso y parte de Maranhão), un aumento del 54% en comparación con enero del 2018, cuando la deforestación sumó 70 km².
La deforestación en la Amazonia es una de las principales fuentes brasileñas de la emisión de gases que alimentan el calentamiento global. Así, la deforestación en la Amazonia tiene impacto directo en el equilibrio climático de la región y del planeta, contribuyendo a la propia sabanización de la Amazonía y al agravamiento de la desertificación en el Nordeste, entre otros impactos. La región más rica en agua del planeta, la Amazonia ha vivido varios episodios de sequía de sus ríos caudalosos en los últimos años.
“El Grupo de Trabajo (GT) de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 se ha posicionado firmemente contra estos primeros retrocesos del nuevo gobierno y ha alertado a la sociedad sobre el riesgo de echarnos para atrás. En los próximos meses vamos a tener una serie de actividades para difundir y promover la Agenda 2030, movilizar a la sociedad y hacer incidencia política ante el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial para la implementación de los ODS”, afirma Alessandra Nilo, coordinadora general de la ONG Gestos y cofacilitadora del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030. El GT de la Sociedad Civil está formado por varias organizaciones que se abocan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Brasil.
Medida inconstitucional
Las reacciones a las medidas del gobierno se multiplican. Una de las más contundentes fue la publicación, el 7 de marzo, de una Nota Técnica por la 6ª Cámara de la Procuraduría General de la República (PGR). La Nota afirma que la Medida Provisoria 870, firmada por el presidente el día de su toma de posesión, es inconstitucional, y provoca, entre otros efectos, el “conflicto entre los intereses indígenas y la política agrícola de la Unión”.
Mientras existen incertidumbres con respecto a las políticas públicas en seguridad hídrica y medio ambiente en general, continúan las acciones de la propia sociedad para prevenir y combatir el cambio climático y sus impactos en el agua. La expansión del riego, por ejemplo, es considerada una estrategia eficaz para el uso eficiente de los recursos hídricos, principalmente en las regiones con escasez de agua, como el Nordeste.
Entre el 2000 y el 2015 el área irrigada del país aumentó de 3 millones a 5.4 millones de hectáreas. “Antes la irrigación se hacía sólo por la acción de los órganos oficiales, como el Departamento Nacional de Obras Contra las Sequías (DNOCS), pero ahora ha crecido mucho la irrigación privada, con mucha eficiencia”, señala a Noticias Aliadas Evaristo de Miranda, jefe de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria Territorial, quien ve un potencial enorme en esa área. Cita el caso de la irrigación en el polo de frutas y vino del Valle del Río São Francisco, entre Bahia y Pernambuco, en la Región Nordeste.
Del mismo modo, ha continuado la acción desarrollada en una de las regiones más críticas en disponibilidad de agua en Brasil. Es la región del interior del estado de São Paulo, situada en las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí (PCJ) y que, en los períodos de estiaje, tiene una disponibilidad hídrica de 298.79 m³ por habitante/año, equivalente a la de los países secos de Medio Oriente, de 292 m³ por habitante/año, de acuerdo con el Informe 2015 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Hídrico.
Las Cuencas PCJ son muy dinámicas en la discusión sobre los recursos hídricos, y esa proactividad llevó a la Agencia de Cuencas PCJ a integrar la Acción EcoCuencas, realizada con el apoyo de varias organizaciones internacionales y financiamiento de la Comisión Europea. La intención de los socios es que en las cuencas en que funcionan proyectos piloto de EcoCuencas se demuestre de forma práctica que los mecanismos financieros y de redistribución económica son relevantes para una gestión integrada de los recursos hídricos y una mayor resiliencia frente al cambio climático.
“Se puede decir que los principales resultados de EcoCuencas versan sobre la promoción de la discusión del cambio climático, que viene siendo poco tratado en el sector de recursos hídricos de América Latina. Se afirma claramente el entendimiento de que las cuencas deben ser bien gestionadas para que sean resilientes. Se resalta, además, la oportunidad de promover el intercambio de experiencias entre los diversos socios del proyecto, enriqueciendo el marco de acción en las diversas instancias partícipes. En la escala de las Cuencas PCJ se resalta la promoción de discusiones bien fundamentadas sobre cobro por el uso de agua, planificación hídrica y necesidad de integración de sistemas de información”, relata a Noticias Aliadas Eduardo Cuoco Léo, coordinador del Sistema de Información de la Agencia de Cuencas PCJ.
Otra acción más amplia, que incorpora claramente la cultura de la prevención, es la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esta campaña preconiza que las municipalidades adopten progresivamente plataformas para la actuación preventiva, frente a transformaciones climáticas y eventos extremos, minimizando riesgos y desastres. “Antes la cultura era actuar de forma reactiva, ahora lo que se pretende con la campaña es una cultura de proactividad, de prevención de riesgos, y esto incluye la adopción de medidas para enfrentar el cambio climático en el ámbito de las ciudades”, dice a Noticias Aliadas Sidnei Fernandes, promotor de la campaña en Brasil y coordinador de Defensa Civil de la Región Metropolitana de Campinas, en el interior de São Paulo. Brasil es el país con mayor número de municipalidades que ya adhirieron a la campaña. Son más de 1,000, entre las 5,500 municipalidades existentes en el país. Una de las medidas tomadas en función de la campaña es la adopción de equipos de precisión para prever con mayor rapidez eventos como crecidas e inundaciones y, con ello, promover una movilización más rápida de recursos y de las comunidades afectadas.
Los desafíos son gigantescos, pero la sociedad brasileña sigue adoptando sus medidas para prevenir y enfrentar el cambio climático. La duda tiene que ver con la extensión de los impactos de las medidas del nuevo gobierno brasileño.
Texto:
José Pedro Soares Martins / Noticias Aliadas