El ministro del Ambiente Antonio Brack dijo que el único error en la promulgación del decreto 1015, el cual permitía disponer de las tierras comunales con el sistema de votación de la mitad más uno de los miembros asistentes a la asamblea, dejando de lado el del 66% en la costa y sierra, fue que no se les consultó a los nativos.
Agregó que dejaría derogados los decretos 1015 y 1073 porque no se les consultó y trabajaría en otra forma con ellos. “Si no quieren cambiar su sistema de votación, que no lo cambien. Las comunidades deben tener sus estatutos, padrón, acuerdos inscritos en registros públicos, contar con una directiva elegida, libros de actas”, refirió.
En entrevista concedida al diario El Comercio, Brack refirió también que el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) no establece cómo se implementa la consulta, punto que hay que corregir.
Igualmente, consideró que las tierras comunales no son vendibles porque la Constitución señala que son imprescriptibles. “Hay 12 millones de hectáreas tituladas a las comunidades nativas y tres millones más que son reservas comunales. Tienen la mayoría de bosques de la Amazonía y recursos increíbles. El reto es cómo realizan un desarrollo sostenible con sus bosques y salen de la pobreza”, remarcó.
El titular del Ambiente destacó que el decreto se refería a la asignación de tierras a los nuevos comuneros, no a la venta a terceros y que las concesiones petroleras no implican propiedad de tierras, solo extracción del subsuelo. “Las tierras solo podrían alquilarse y las comunidades deben ser consultadas. Pero no tienen derecho al veto pues ello impide que el Estado extraiga recursos del subsuelo”, refirió.
Impacto de inversiones en el medio ambiente
Alertó que ahora los amazónicos también proponen derogar la ley forestal porque no están de acuerdo con un artículo. “Dicen que cuando se habla de bosques no se mencionan los de las comunidades nativas. Cuidado que puede ser la tiranía de un grupo sobre el país”, advirtió.
Resaltó que los nativos temen el impacto de las inversiones en el medio ambiente. Dijo que en la zona amazónica hay cerca de 50 lotes petroleros y que muchos no contaminan. “En la selva lo más contaminante es la minería informal. Las concesiones forestales funcionan muy bien, pero la tala ilegal sí depreda. Al desgraciado que compra y blanquea la madera ilegal hay que meterlo a la cárcel y se debe organizar a quienes la habilitan”, demandó.
Así, finalmente indicó que están creando una policía del ambiente, un cuerpo especializado que en el futuro tendrá tres mil policías. “La fiscalía ya tiene 46 fiscales ambientales en el país, es un avance. Y el Estado, incluidas las regiones, tiene que invertir para que la Marina patrulle los ríos”, enfatizó.