La última vez que llovieron bombas y balas eran las 9:00 a.m. del 9 de mayo del 2012. Los pobladores de Nueva Esperanza, Nueva Libertad y Jesús de Belén salieron corriendo de sus chacras mientras veían y escuchaban explosiones en el cielo y en el suelo. Los niños salieron de las escuelas llorando. Las madres no podían contener en sus brazos a todos sus hijos.
En estas tres comunidades del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), distrito de San Martín de Pangoa, Junín, el temor es una rutina. Según sus pobladores, el 9 de mayo los helicópteros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) empezaron sus operaciones contraterroristas más temprano de lo previsto. “Siempre hay bombardeos, pero de noche”, cuenta Eduardo Huamán, teniente gobernador de Nueva Esperanza.
OBJETIVO EQUIVOCADO
El último profesor que tuvo Nueva Esperanza salió del pueblo hace cuatro meses argumentando un descanso médico y nunca más volvió. “Se asustó por los bombardeos y por los ataques a la base militar que está al lado”, cuenta la señora Hermelinda. Acaba de llegar un nuevo profesor. La población espera que él sí se quede.
Como resultado de estas acciones, en las tres comunidades hay cultivos destrozados y graneros dañados. Como pudo verificar El Comercio, hay casquillos de balas por doquier y restos de bombas. Desde hace dos meses, bombas sin explotar permanecen en las chacras de Nueva Esperanza y Jesús de Belén como prueba de lo sucedido. Y como alerta de que podría volver a suceder.
Esta es una de las zonas más complicadas del Vraem por su geografía y ubicación. Aquí conviven con temor pobladores, soldados y, quién sabe, también terroristas y narcotraficantes. La población se dedica a la agricultura: siembra productos de panllevar, pero también coca.
Hace cinco años, el Ejército levantó en Nueva Esperanza la Base Contraterrorista Mazángaro. Esta es, lamentablemente, una de las más atacadas por los senderistas. A pesar de la desconfianza mutua, la convivencia entre los pobladores y los soldados trata de ser llevadera.
UNA RELACIÓN DIFÍCIL
Los oficiales a cargo de la base de Mazángaro no quieren hablar de las bombas y evaden las preguntas. A pesar de que se identificaron con El Comercio, prefieren no dar sus nombres a los pobladores. Al ser consultado por los bombardeos, el mayor a cargo de la base respondió: “Ellos saben que no deben salir de sus casas después de las 9:00 p.m., que no deben transitar sin documentos. Nosotros tratamos de ayudarles en lo que podemos, ¿De qué se quejan?”.
El teniente gobernador Huamán hizo notar al mayor que había bombas sin explotar en sus chacras. “Está bien que ataquen y que se defiendan de los terroristas, pero no nos disparen a nosotros”, pidió. El mayor cortó el diálogo. “El domingo tendremos una reunión con ustedes. Ahí conversamos”. Y no se dijo más.
Si bien el Ejército colabora con la población –por ejemplo, el generador de electricidad en el centro poblado fue prestado por la base y han corrido con el traslado a la ciudad de pobladores heridos–, también es cierto que se realizan operaciones aéreas en la zona. El coronel EP Alejandro Luján, jefe de la Oficina de Información de las Fuerzas Armadas, nos dijo que están a cargo de la Fuerza Aérea. “Hemos recibido la denuncia pero la población no ha colaborado para que podamos hacer las verificaciones. Estamos investigando”,
explicó.
En Nueva Esperanza la luz se apaga a las nueve de la noche y los pobladores vuelven inmediatamente a sus casas: saben que viven en una zona declarada perpetuamente en emergencia y que es mejor tener la puerta cerrada. A 50 metros, en la base militar, los soldados salen a patrullar.