LIMA. El 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a la nación en el marco de los 202 años de independencia del Perú. La pobreza monetaria, la corrupción y el resultado mortal de la represión en las protestas fueron los temas principales que se tocaron durante su mensaje como jefa de Estado. Sin embargo, un año más, las demandas en materia socioambiental se dejaron a un lado.
Fuerte inversión para enfrentar al Niño global
La agenda ambiental se desarrolló en cuatro puntos. En primer lugar, Boluarte comunicó que el Gobierno enfrentará al Niño global con una inversión total de S/ 1.769 millones, a fin de ejecutar 617 acciones preventivas en puntos críticos ubicados en siete regiones prioritarias frente a la emergencia climática. Estas son: Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.
Asimismo, la presidenta habló de los fenómenos meteorológicos. Específicamente se refirió a las heladas y friajes que impactan de manera anual en las zonas Altoandinas y la Amazonía peruana. Como estrategia para hacer frente a los descensos bruscos de temperatura anunció que, con una inversión de S/ 59 millones, se ha logrado la construcción de casi 2 mil módulos “Sumaq Wasi” diseñados para brindar protección a cerca de 8 mil ciudadanos en riesgo a consecuencia de los niveles críticos de dichas temperaturas. Estas se dan en las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco y Puno.
Además, respecto al mismo tema, la mandataria informó que su Gobierno “trabaja su atención desde un enfoque integral que alcanza a los territorios más vulnerables, cerrando brechas de viviendas, escuelas, cobertizos y pastos; y atendiendo con intervenciones sostenibles y de entrega directa, a la población más vulnerable”.
Puntos en contra
Por otro lado, acerca de las actividades extractivas Boluarte comunicó que, entre enero y fines de junio, la cartera de Energía y Minas ha otorgado certificaciones ambientales para 27 proyectos de exploración minera. Estos representan un monto total de inversión de más de 316 millones de dólares. No obstante, pese a que esto representa un punto a favor del sector minero, Inforegión constató que en dicho periodo de tiempo los conflictos sociales relacionados a la minería solo se han mantenido en aumento.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a la fecha, el 67.6% de los 219 conflictos sociales registrados están vinculados a la actividad minera. Cabe resaltar que los casos de conflicto social en mención se encuentran dentro de los de tipo socioambiental. Estos continúan siendo los más numerosos en el país, desde 2007.
Por otro lado, la jefa de Estado destacó en su discurso el papel de las Fuerzas Armadas por su trabajo en la lucha contra las llamadas economías ilegales, resaltando el tráfico ilícito de drogas, la minería y la tala ilegal. Sobre ello, indicó que, como parte de las soluciones que se implementarán para reducir su incremento, se adquirirá un avión radar y un sistema de radares que permitirán la ubicación de las embarcaciones y aviones ilegales dentro del territorio nacional.
Pero, no cuestionó el accionar de las fuerzas del orden en dichas zonas en peligro. Lugares donde sus habitantes, muchos de ellos ciudadanos pertenecientes a pueblos indígenas, denuncian constantemente el abandono de las autoridades para garantizar la protección de sus territorios frente a los grupos ilegales.
Las primeras reacciones
En su discurso, la presidenta concluyó la agenda ambiental saludando los esfuerzos de su gestión para aproximar cada vez más al Perú hacia el objetivo de lograr su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización internacional que agrupa a los países que han logrado desarrollar políticas, como ambientales y climáticas, que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.
No obstante, en relación a este último punto, el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Mariano Castro, cuestionó la ausencia de mecanismos claros para fortalecer a las entidades en cuanto a su incidencia ambiental.
“El mensaje presidencial no menciona las políticas ambientales y climáticas. Omite metas sobre desarrollo sin pérdida de bosques ni calidad ambiental. Nada sobre minería, tala ilegales ni defensores ambientales. Pero el acceso a OCDE exige mejoramiento de desempeño ambiental”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.
Mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) consideró que el Mensaje a la Nación olvidó la urgente tarea de garantizar la vida de los defensores ambientales. Esto teniendo en cuenta que, solo entre 2012 y 2021, se ha cometido el asesinato de 51 defensores ambientales en el país, según un artículo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
También, el Ejecutivo olvidó las demandas en conservación de la biodiversidad del país y sus recursos, como la protección de la flora y fauna silvestre frente a su tráfico ilegal, y la atención sobre la contaminación por plásticos.