Bolivia es centro de origen de 77 razas de maíz nativo. Sin embargo, el ingreso de semillas transgénicas está poniendo en riesgo su existencia.
Según Néstor Cuéllar Álvarez, agrónomo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), con sede en La Paz, “se considera a Bolivia como centro de origen de maíces nativos y se afirma que en el país se han clasificado siete complejos raciales (alto andino, amazónico, perla, morocho, harinoso de los valles templados, pisankalla y cordillera), aspecto que confirma una vez más la gran riqueza y biodiversidad genética de nuestro país. Sin embargo, nos encontramos en alerta por ciertas medidas y políticas públicas que han viabilizado la introducción de maíz transgénico desde países vecinos”.
Si bien la Constitución boliviana del 2009 garantiza “seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”, algunos recientes fenómenos climáticos, como la sequía durante el 2015 y 2016, han llevado a un alarmante ingreso de semillas de maíz transgénico provenientes de países vecinos que están poniendo en peligro a las variedades nativas.
En agosto del 2016, el gobierno emitió una serie de decretos que facilitaron la importación de maíz de Argentina, donde su producción es transgénica en casi su totalidad. A partir de entonces se cultivaron más de 60,000 Ha de maíz transgénico en el departamento oriental de Santa Cruz y se importaron 98,000 TM, a la vez que informaciones periodísticas aseguraban que productores agrícolas usaban semillas genéticamente modificadas de contrabando.
En el 2017, CIPCA y la organización ambientalista cruceña Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA) realizaron “un estudio basado en el análisis de la proteína CP4 EPSPS que se aplicó a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla de los municipios de Villamontes, Yacuiba, Camiri y la Charagua Iyambae, que confirmó una vez más la presencia de cultivos de maíz transgénico Roundup Ready (RR) evento NK603 en los campos agrícolas”, explicó Cuéllar Álvarez.
“Además de estarse cultivando maíz transgénico RR de manera ilegal el producto es cruzado artesanalmente con maíces híbridos y comercializado como semilla y grano en colonias menonitas de Pinondi, La Vertiente y centros de comercialización de productos agropecuarios. El estudio realizado también confirma que en la Colonia Menonita Pinondi (ubicada en Charagua Iyambae) se comercializa maíz transgénico a un precio que oscila entre US$60 y $70 la bolsa de 50 kg, sin existir ningún control al respecto”.
Pérdida de diversidad
PROBIOMA señala que en Bolivia “existen al menos siete normativas legales que son violadas por el uso de maíz transgénico. De acuerdo con investigaciones realizadas, el 33% de la superficie cultivada de maíz en Bolivia es transgénico. Desde 2016 diarios nacionales han publicado acerca de la existencia de este organismo genéticamente modificado en el cultivo del maíz que vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley de la Madre Tierra, entre otros. Es decir, esta situación es de conocimiento público y de las autoridades nacionales”.
“Bolivia es centro de origen de 77 razas de maíz y el peligro es que se van a contaminar con el maíz transgénico, perdiendo la diversidad y afectando seriamente a la seguridad y soberanía alimentaria”, explicó Miguel Ángel Crespo, investigador y director de PROBIOMA. “Lo paradójico es que Bolivia exporta semilla y grano de maíz no transgénico de alta calidad, ¿entonces para qué introducir maíz transgénico?, ¿a quién beneficia realmente?”.
El maíz tiene un gran protagonismo en la seguridad alimentaria y es el alimento básico de las comunidades campesinas e indígenas. “La semilla es la herencia cultural de los pueblos”, afirmaron los representantes de Bolivia y Ecuador en el conversatorio “Semillas, resistencias y resiliencias”, realizado en La Paz en junio del 2017, en el que compartieron experiencias y preocupaciones por el ingreso de semillas transgénicas y sus estrategias para proteger las semillas nativas.
Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), llamó la atención sobre el peligro de la apropiación del conocimiento de los pueblos.
“Es riesgoso el hecho de que pueda introducirse semillas transgénicas con el cruzamiento con las semillas nativas; estas pasarían a ser parte de la empresa y de ese modo se controlarán las semillas”, dijo.
A través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el gobierno está haciendo esfuerzos por resguardar las semillas. A través de sus técnicos, el INIAF certifica que la semilla esté sana, que no presente daños, heridas ni deformaciones, tampoco enfermedades ni plagas, que las plantas tengan desarrollo normal y posean uniformidad varietal (no estén mezcladas con otras variedades). Una vez aprobada, se otorga el certificado para su uso.
“Policía de las semillas”
No obstante, Molina considera que la certificación de la semilla otorga al INIAF “un rol de policía de las semillas” y cuando las familias quieren registrar sus propias semillas, son penalizadas.
Para el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), con sede en Cochabamba, la certificación de semillas genera dependencia ya que impulsa el uso de paquetes tecnológicos basados en productos químicos bajo la justificación de que se obtiene semilla de calidad sanitaria, prioriza el monocultivo ya que no certifican policultivos (diferentes variedades en una parcela), provocando “una tendencia a la pérdida de especies y variedades nativas que son elementos básicos de la agrobiodiversidad, ello implica reducir la capacidad de adaptación de la producción al cambio climático y a la resistencia a plagas y enfermedades”.
Igualmente, genera una desvalorización de prácticas ancestrales ya que “para el proceso de certificación solo las empresas semilleristas pueden ser las proveedoras de ‘semillas de calidad’, sin embargo, a través de prácticas y tecnologías ancestrales se puede lograr la obtención de semilla de calidad como es el caso de la producción de semilla botánica de papa, estas sabidurías y conocimientos ancestrales quedan desvalorizadas”.
El CENDA recomendó “fortalecer el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos para la producción de alimentos sanos y de calidad, para lo cual tiene que tener acceso a la tierra, acceso a los recursos naturales, al manejo o crianza de sus propias semillas y que estos productos sean destinados primero a la seguridad alimentaria de la familia”.
Basándose en la Constitución que establece que “los recursos naturales son de propiedad y dominio, directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y en la “Norma de semillas de especies agrícolas”, que permite que obtentores (personas individuales o jurídicas) registren como propiedad suya las semillas, que son las únicas que pueden ser certificadas, algunas organizaciones han iniciado el “Registro Comunitario de Semillas” considerándolas como propiedad de sus pueblos.
Finalmente, el CENDA resaltó la necesidad de “recuperar tecnologías y conocimientos ancestrales como el uso de la semilla botánica (mak’unku) para la obtención de semilla sana, complementariamente fortalecer los circuitos de semillas nativas y realizar prácticas agroecológicas para la utilización de insumos orgánicos y naturales que preserven el Medio Ambiente”.
Fuente: Noticias Aliadas