El Ministerio de Defensa de Bolivia confirmó, mediante la nueva Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza, el desvío ilegal del curso del río Suches dentro del territorio boliviano realizado por ciudadanos peruanos que explotan oro en la zona, quienes de esta manera han violado el artículo 262 de la Constitución Política de este país.
La Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza, a cargo del general Remberto Siles, propuso elaborar una resolución ministerial que conforma los «brazos operativos» y asigna el presupuesto necesario para responder a las exigencias técnicas nacionales e internacionales que frene el desvío premeditado del río Suches y la explotación ilegal de los recursos naturales.
Esta nueva Dirección General, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene el rol del «control de los límites internacionales, el ingreso y salida de extranjeros, preservación de los recursos naturales y coadyuvar en el control del narcotráfico y contrabando».
A principios de marzo de 2009 y debido las denuncias del alcalde de la población de Pelechuco, del departamento de La Paz, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, se conformó una comisión interinstitucional que inspeccionó el cauce del río Suches, verificando en el lugar el evidente desvió de sus aguas para la explotación ilegal de oro por peruanos y bolivianos.
La comisión llegó hasta los hitos fronterizos 10 al 20 en la extensa frontera que divide a Bolivia y Perú, en la región amazónica, confirmándose el desvió de las aguas del Suches que alteró el límite internacional.
La inspección a lo largo del cauce del referido río evidenció también la explotación indiscriminada de castaña y madera, además de la depredación de la fauna y flora silvestre. La comisión recibió también denuncias de la localidad de Soberanía, sobre la presencia de clanes del narcotráfico y el contrabando.
Verificado el desvío de las aguas del Suches y los daños medio ambientales que provocó esa práctica, el 24 de febrero de 2010 a iniciativa del Ministerio de Defensa se realizó una reunión interinstitucional para poner fin a la explotación de oro y asumir acciones de lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
El mencionado artículo de la Constitución Política Boliviana señala que constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros a partir de la línea de frontera y advierte que “ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente ni poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, excepto en el caso de necesidad estatal declarada por Ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa».
Los comentarios están cerrados.