Bolivia se adhirió a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, aunque planteó una reserva ante la Secretaría General de las Naciones Unidas a la consideración internacional sobre las propiedades medicinales de la hoja de coca.
El presidente Evo Morales envió formalmente el 29 de diciembre al Secretario General de Naciones Unidas la adhesión del Estado Plurinacional a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, a partir del 1 de enero de 2012, se divulgó oficialmente este sábado en esta capital.
Bolivia puso también en consideración de la comunidad internacional un miramiento con respecto al uso cultural y medicinal de la hoja de coca.
A mediados de 2011, el país denunció ese tratado sobre estupefacientes, que considera veneno a la hoja de coca en su estado natural, a pesar de ser parte nodal de la cultura de los pueblos originarios de los Andes sudamericanos, y además proscribe su masticado o acullico.
El documento firmado por Morales señala que el requisito de la Convención Única relativo a que la masticación de hoja de coca debe ser abolida es incompatible con el artículo 384 de la Constitución de Bolivia.
La Carta magna boliviana protege a la planta de coca como parte de su patrimonio cultural y establece que en su estado natural no es un estupefaciente.
Dicho requisito, agregó, vulnera derechos indígenas y culturales reconocidos en la Constitución del país, así como diversos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la declaración de la ONU de 2007 sobre los Pueblos Indígenas.
La denuncia de la Convención de 1961 por la administración boliviana, en junio último, comportaba el objetivo de volver a adherirla, pero con una reserva que permita el uso lícito de la hoja de coca en su estado natural dentro del territorio boliviano para fines tradicionales, culturales y medicinales.
De ese modo, la Convención de 1961 quedará alineada a la de 1988, en la que Bolivia presentó una consideración similar al momento de su suscripción.
Con la presentación de ese criterio, el gobierno boliviano hace cumplir también la Constitución Política del Estado.
En su artículo 384 esta ordenanza establece que se protegerá a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y factor de cohesión social.
FUENTE: SERVINDI