La decisión del Gobierno de dar una suerte de seguridad jurídica al personal militar y policial que interviene en manifestaciones y conflictos es desproporcionada y contraproducente; y no va a generar el efecto esperado, sino que ocasionará un mayor distanciamiento con la población, estimó el experto en temas de seguridad del Instituto de Defensa Legal, IDL, José Robles.
El especialista señaló que el paquete legislativo sobre temas de seguridad es demasiado confrontacional. «Las normas que penan el narcotráfico y el terrorismo ya están establecidas», indicó, y consideró equivocado involucrar a las Fuerzas Armadas en temas como la *inimputabilidad*, dado que en casos de conflicto social grave o movimientos que alteren la tranquilidad pública, el Gobierno ya dispone de armas constitucionales para declarar el estado de emergencia y hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.
Para Robles, es imprescindible priorizar el trabajo coordinado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con la población para contar con su apoyo en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el terrorismo. «El Gobierno debe entender que a la población no se le debe enfrentar ni combatir, sino ganarla y protegerla de las redes de narcotraficantes y de remanentes de Sendero Luminoso que todavía operan por algunas zonas, y eso no se va a lograr con decretos que protegen y blindan a malos elementos de las fuerzas del orden que ocasionen lesiones, muerte o violaciones de los derechos humanos», finalizó.