Cuando el viernes 30 de marzo, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no había pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, se daba paso a una serie de informes en que la justicia nacional e internacional tenían algo que decir. INFOREGIÓN estuvo pendiente de esta agitada agenda.
EL MES DE ABRIL
Las primera semanas de abril, la procuradora Antidrogas Sonia Medina reaccionó frente a la decisión de la fiscal Maguiña por considerar que el caso debía archivarse. Medina indicó que el caso se había revisado en tiempo récord (sólo 15 días), por lo que la revisión del millón de folios que fueron resultado de cuatro años de investigación tenía un tinte bastante sospechoso y por lo menos irresponsable. Para el 9 de abril la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI), había decidido abrir una investigación preliminar contra Maguiña Torres, por las sospechas de la Procuradora.
Los Sánchez-Paredes no tardaron en hacer conocer su defensa a los medios y mediante un comunicado emitido por una de las empresas mineras de su propiedad, San Simón, acusan a Medina de haber faltado a la verdad durante su función como defensora del Estado en el proceso que se les sigue por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Medina reiteró, sin embargo, que existen innumerables pruebas que documentan el supuesto vínculo entre la familia y los delitos ya mencionados.
Seguimos en abril y la historia de la investigación a los Sánchez-Paredes seguía en una línea nada alentadora. La Sala Penal Nacional, la cual decidiría si el caso se archivaría (como había sugerido la fiscal Maguiña) o seguía en pie, parecía no haber seguido los procedimientos correctos a la hora de elegir a los tres jueces que la integrarían. Fuentes confidenciales y la misma procuradora antidrogas, señalaron que estos habrían tenido fallos y decisiones anteriores no muy objetivos frente a casos de narcotráfico e incluso a favor de la familia investigada.
LA FASE GRINGA
El tema estaría latente y la Sala Penal Nacional no se pronunciaría, por lo menos no hasta el 10 de octubre, varios meses después de todas las demandas que emitía la procuradora Medina. Lo que pone de nuevo en agenda a la llamada “megainvestigación” contra los Sánchez-Paredes es la decisión de los Estados Unidos de retener más de US$ 31 millones repartidos en 12 cuentas bancarias pertenecientes a esta familia por sus supuestos nexos con el lavado de dinero procedente de las actividades de narcotráfico que esta familia habría realizado, presuntamente, en México y Colombia desde los años 80.
El 21 de ese mes, sin embargo, se descongelaría una de las cuentas que contaba con US$3’351.831,35, perteneciente a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. Pero el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos.
El fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, aparecería como hombre importante en este caso. Este interpuso una demanda civil para congelar las cuentas de Manuel Sánchez Paredes, de sus hijos y de las compañías mineras San Simón y Comarsa basado en una investigación criminal de larga data que tuvo su origen en la agencia federal norteamericana que combate a los cárteles de la droga: la Drug Enforcement Administration (DEA).
El documento hace un recuento de las muertes de Segundo y Perciles Sánchez Paredes y revela que tras los asesinatos ocurridos entre 1987 y 1991, respectivamente, Manuel Sánchez Paredes y sus hijos –Fidel y Miguel Sánchez Alayo– tomaron las riendas del negocio de la droga.
Lo cierto es que todavía no se define el destino de la denominada “megainvestigación” contra siete miembros de los Sánchez Paredes en el Perú por lavado de activos proveniente del narcotráfico.