Se puede decir que el año 2012 fue un año de prueba para el Ministerio del Ambiente y el Gobierno. Sucedieron varios conflictos sociales motivados por reclamos ambientales. Pero también se promulgó la ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que revisará en el futuro los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los mismos que ya no dependerán del Ministerio de Energía y Minas sino del Ministerio del Ambiente (MINAM).
Pero vayamos por partes. Según señala Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) considera que el conflicto en su etapa temprana “no es un conflicto sino una controversia o una diferencia”. No es el caso para la Defensoría que “considera que el conflicto ya está configurado cuando están definidos los actores” (El Comercio 24.12.12).
Así, de acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales No.105 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, de los 230 conflictos registrados en noviembre, 150 son socio ambientales. Lo cual representa el 65.2% del total. Y de éstos, 107 casos corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera (71.3%). Le siguen de lejos, 24 casos relacionados a actividades del sector hidrocarburos (16%).
Las estadísticas muestran el arduo trabajo que tendrán para el próximo año los miembros del Ejecutivo, ya no solo del MINAM, sino de la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los sectores involucrados en el tema.
Después de los principales conflictos ambientales (Conga, Espinar y Quellaveco), que tuvieron diferentes resultados, Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, opinó que la lección ha sido clara: “Se está comenzando a construir una nueva agenda ambiental. Y sí creo que estamos aprendiendo a llevar una relación de las actividades extractivas distinta y nueva con la sociedad y con el entorno”, según dijo en una entrevista a la revista Ideele.
Frente a este panorama, el MINAM logró sacar adelante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es visto con buenos ojos por diferentes sectores, en tanto es un organismo multisectorial altamente técnico. El SENACE deberá aprobar los EIA, la definición de los términos de referencia y su seguimiento a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Asimismo destacan la Ley N° 29811 para la moratoria al ingreso de transgénicos para cultivo al país por diez años y su reglamento; así como la modificatoria del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA, el cual busca “el equilibrio y la fiscalización para el cambio responsable”.
Finalmente la Agenda Ambiente Perú 2013-2014 (en consulta pública hasta el 09 de enero del 2013) es un instrumento de planificación ambiental nacional de corto plazo que contiene las metas prioritarias, acciones estratégicas, responsables e indicadores para evaluar su ejecución por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno.
En este contexto, para Pulgar Vidal, el MINAM “ayuda a construir un eje ambiental dentro de la política de crecimiento del Gobierno”.
La contaminación de los ríos por actividades mineras formales e informales, el supuesto incumplimiento de compromisos de responsabilidad social, los impactos medio ambientales generados por las actividades extractivas, el incumplimiento de actas de compromiso, la afectación de actividades agropecuarias, el vertimiento de relaves, los derrames de hidrocarburos, la invasión de áreas naturales protegidas y el incumplimiento de los estándares ambientales, son algunos de los retos que deberá enfrentar el Gobierno para el próximo año.