Las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Policía Nacional del Perú (PNP) presentadas durante el año fueron parte importante para ubicar este problema dentro del panorama del narcotráfico.
A finales de abril, la UIF calculaba que las bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve años más de 5 mil 814 millones de dólares en lavado de activos a escala nacional, de acuerdo con informes de las entidades financieras. La Superintendencia Adjunta de la UIF señaló que los reportes recibidos están relacionados con el delito precedente de tráfico ilícito de drogas, «narcoterrorismo», tráfico ilícito de armas y trata de personas, entre otros.
“Es una cifra de los informes que ha hecho nuestra unidad desde el 2003 hasta hoy. Hay que tener en cuenta que todos los casos que existen por lavado no se descubren y los que se descubren pueden pasar por la UIF o por la Fiscalía”, afirmó el jefe de la UIF, Sergio Espinoza.
La necesidad de profundizar sobre este tema se vio reflejada en el IV Congreso Internacional “Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo” realizado del 21 al 23 de mayo en nuestra capital, donde el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, anunciaba en esa época que de los 6 mil millones de dólares que anualmente se mueven por lavado de activos, 2 mil millones estaban relacionados con el narcotráfico.
Para mayo del 2012, la PNP anunciaba que había confiscado más de 400 millones de dólares en bienes por operaciones ilegales relacionadas al lavado de activos.
Para enfrentar este aspecto que pertenece no sólo al narcotráfico sino también, y en una mayor parte, a la minería ilegal, el Ejecutivo emitió dos Decretos Legislativos, mediante las facultades que el Congreso le dio para dicho fin: a saber, el 1104 y el 1106 publicados el 19 de abril.
Específicamente el 1106 se refiere a la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Este decreto establece una pena más drástica pues señala que “no será menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas”. Además ya no se necesitará de un delito preexistente para ser procesado.
Al cierre de este año, para el analista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas, lo hecho en la lucha contra este aspecto de la delincuencia ha sido mínimo. Como señala en su artículo del 27 de diciembre publicado en El Comercio: “lamentablemente seguimos con cifras insignificantes en materia de interdicción y lavado de activos”.
“Todos sabemos que en el Perú el narcotráfico lava anualmente más de tres mil millones de dólares. Sin embargo, seguimos investigando el desbalance patrimonial de las tangas de una vedette”, concluye Vargas.