El monitoreo que Proética anunció para ejercer vigilancia ciudadana a la gestión de las nuevas autoridades, especialmente aquellas con cuestionamientos por supuestos vínculos con la corrupción y el narcotráfico, ya empezó.
Como se recuerda, en el marco de la reforma electoral y ante tantos casos delictivos descubiertos en los últimos años, se ha consolidado una corriente de opinión muy fuerte para detectar la corrupción y evitar la penetración del crimen organizado en el Estado.
PRIMERO LAS REGIONES
Los ojos ciudadanos están puestos en los gobiernos regionales, donde se busca una administración que exprese prácticas del buen gobierno, transparencia y una decidida posición para luchar contra la corrupción.
Por ejemplo, Proética ha encontrado que los principales líderes del nuevo consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regional (ANGR), registran acusaciones por corrupción.
Sobre César Acuña, presidente regional de La Libertad y titular de la ANGR, pesan seis acusaciones, siendo las más importantes la existencia de una presunta red empresarial conformada por esta autoridad y su familia para ganar licitaciones en las comunas cuyos alcaldes pertenecían a su partido político.
También figuran supuestas irregularidades en la obra del complejo Chicago, vinculada al tristemente célebre Martín Belaunde Lossio; además de acusaciones por uso irregular de subsidios municipales para su campaña a la alcaldía en el 2010.
Lo más reciente data del 2014, cuando se descubre que Acuña usó instalaciones de la Universidad César Vallejo en Áncash y Trujillo como taller para sus paneles de campaña a la presidencia regional.
ROSARIO DE DENUNCIAS
Pero hay más. Nelson Chui Mejía, reelecto presidente regional de Lima Provincia, es sospechoso del presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, pues tiene un desbalance patrimonial durante su primer mandato. Se suma la compra de costosas propiedades y constante viajes al exterior del país.
Además, en el 2013, la Fiscalía Penal de Huaura dispuso una investigación preparatoria contra Chui y un grupo de ex funcionarios de su primer gobierno por el delito contra la administración pública respecto a la irregular adquisición de computadoras para instituciones educativas.
Proética también informó que en noviembre del año pasado, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio abrió una investigación al presidente regional del Cusco, Edwin Licona, por lavado de activos, basada en la desaparición de 85 mil de los 280 mil galones de petróleo adquiridos para la obra “Mejoramiento de la carretera Yaurisque-Ranraccasa-Paruro”.
Licona, como su colega Acuña, tiene deudas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): no rindió cuentas sobre los gastos de su campaña para las elecciones 2014, mientras que el segundo no aclaró dónde y cuándo terminó sus estudios.
El presidente regional de Puno, Juan Luque, está acusado de sobrevalorar la compra de unos predios cuando en el 2013 era rector de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez (UNCV). Según refiere Proética, se adueñó, al parecer, de dos millones de soles de la compra del terreno a través de un testaferro.
A Teudolo Quispe Huertas el Jurado Electoral Especial de Pasco lo excluyó por no informar sobre sus bienes y ocultar las 16 denuncias relacionadas a la minería en varias partes del Perú que tiene planteadas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó dicha resolución y Quispe se convirtió en presidente regional de Pasco.
En Tumbes siguen los problemas. Ricardo Flores Dioses, su presidente regional, tiene 70 denuncias por concusión, peculado, malversación de fondos, encubrimiento, entre otros, siendo los más graves por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde su familia habría actuado como testaferro.
Cabe recordar que en el 2008, Flores Dioses fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida por malversación de fondos en compras de camionetas para el serenazgo cuando era alcalde de Tumbes. Hoy, seis de sus funcionarios registran sentencias y denuncias por delitos de corrupción.
El caso del presidente regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, también inquieta: en el 2014 fue denunciado junto a dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Irazola por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la corrupción.
Según la denuncia, los ingresos mensuales de Gambini fueron de 3 mil nuevos soles, que no explican cómo se hizo de propiedades valorizadas en 100 mil dólares. También se solicita investigar las cuentas de su club deportivo “Defensor San Alejandro”, donde la planilla mensual de sus jugadores sobrepasa los 150 mil soles.
Arduo trabajo tiene Proética, las autoridades y la ciudadanía en estos meses. Y eso que todavía no se ha tocado a fondo el tema de las autoridades municipales.
BITÁCORA
Los ciudadanos pueden conocer el perfil de su presidente regional si descargan las fichas “¿Quién es quién? Presidentes Regionales 2015–2018″ de la Asociación Civil Transparencia, en: http://www.transparencia.org.pe/publicaciones_fichas.php
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