El Parque Nacional Bahuaja Sonene, que abarca 1.1 millones de hectáreas y se extiende principalmente sobre la selva de Puno y el sur de Madre de Dios, protege “la única muestra del ecosistema de sabanas húmedas tropicales del Perú y su fauna característica”, como lo señala el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Sin embargo, este espacio se encuentra en peligro. La minería ilegal y el narcotráfico se han desarrollado de manera descontrolada, hasta el punto de cruzar límites. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bahuaja Sonene es el área protegida que posee la mayor superficie cultivada con coca ilegal: hay 118 hectáreas de este cultivo dentro del parque. Además, las autoridades del área natural señalan que existe una deforestación de 473 hectáreas, cerca de 5 kilómetros cuadrados dentro del área protegida, sobre todo relacionada con el narcotráfico.
Minería ilegal al acecho
En Madre de Dios, la minería ilegal no se esconde. Desde la carretera Interoceánica Sur, a 160 kilómetros de Puerto Maldonado, se observa cómo el cauce de un río se ha convertido en una larga ruta desértica. Se trata del río Dos de Mayo, el cual se ha convertido en una hilera de arena, dragas y mercurio.
En Alto Inambari, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno identificó en una visita hasta 18 puntos de minería ilegal que colindan con la zona de amortiguamiento del parque.
David Araníbar, jefe del parque Bahuaja Sonene, confirma que la minería ilegal está presente en todo el recorrido del río Inambari, el cual limita naturalmente con la zona de amortiguamiento del área protegida.
En el sector noroeste de Bahuaja Sonene, se han detectado 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la comunidad harakbut de Kotsimba y en las orillas del río Malinowski. Esto ha generado un impacto significativo en la población de lobos de río porque las operaciones ilegales en la cabecera del río han propiciado la migración de esta especie en peligro de extinción. “Los lobos han quedado aislados en el río Heath, el único límite del parque que no tiene amenazas de minería”, explica Araníbar.
Este mismo problema se traslada a los peces, los que ya no descienden en la misma cantidad por el río y los pocos que llegan no pueden ser consumidos por los pobladores por su alta acumulación de mercurio, explica Araníbar. Además, agrega que las taricayas han corrido con la misma suerte. Las playas naturales al convertirse en bancos de oro, han destruido las laderas, lo que ahuyentó a las tortugas de ese sector.
Por otro lado, Plinio Pillco, presidente de la comunidad de Kotsimba, reconoce que la minería se ha extendido en la localidad, aunque señala que la actividad está prevista y zonificada dentro de su plan de vida comunal. Indica que los mineros operan en un área de 15 hectáreas y que si la deforestación bordea hoy las 40, es porque el Estado ha otorgado concesiones mineras dentro de la comunidad.
Sin embargo, los cálculos del Sernanp, señalan que el impacto de esta actividad bordea las 500 hectáreas, incluyendo la cabecera del río Malinowski y la zona de amortiguamiento de la Reserva nacional Tambopata.
El café en peligro
Putina Punco, el distrito al que pertenecen a cientos de caficultores que migraron desde la sierra de Puno para ocupar estas tierras en los años 70, forma parte del valle de la provincia de Sandia. Si el nombre les suena familiar, es porque allí nació el café Tunki, considerado el mejor grano orgánico del mundo en el 2010.
Las plantaciones de coca ilegal son parte del problema. Aunque estas se detectaron en el área en el 2004, es en el 2012 que se registra el mayor crecimiento de estas plantaciones. Esto a partir de que la roya atacó dramáticamente las plantas de café, una enfermedad que vuelve las hojas amarillas hasta secarlas y hacerlas caer.
Javier Cahuasa, dirigente de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras del Valle de Sandia (Cecovasa), hace un recuento: en el 2012 contaban con 8400 hectáreas de café en producción; después de la roya, en el 2017, solo quedaban 2330 hectáreas activas, una cifra que también da el Ministerio de Agricultura.
Fuente: Boletín “Noticias Ambientales”
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)